AMIA: se complica arranque veloz de nuevo juicio

 Ricardo Lorenzetti recibirá entre hoy y mañana el informe del tribunal que tiene a cargo la concreción del juicio por el presunto encubrimiento de la pista siria. Será la respuesta al pedido de la Corte Suprema para que dicho proceso comience cuanto antes. El fondo de dicho escrito, se descuenta, será antipático porque existen complicaciones de todo tipo para iniciar el debate, desde la agenda de los jueces que deben conducirlo (algunos de ellos intervienen en juicios de alta densidad política) hasta ciertas inconsistencias que se originan en la dificultad que tiene la Corte para resolver sus propios expedientes relacionados con la causa AMIA.

En su informe, el titular del tribunal, Jorge Gorini, recordará cuando en 2013 le escribía mails a Alfredo Kraut, secretario de Gestión de la Corte, en los cuales proponía acelerar dicho debate y pedía que el máximo tribunal resolviera los planteos vinculados al juicio. Kraut es un funcionario de estrecha confianza para Lorenzetti en tiempos de cambios en la fisonomía de la Corte, como el hecho de que se terminó de concretar la salida de casi todo el staff de Eugenio Zaffaroni, algo que no ha sucedido con el personal de Carmen Argibay ni de Enrique Petracchi.

Gorini resaltará que técnicamente es casi imposible iniciar en el corto plazo una instrucción suplementaria a cargo del tribunal que incluye distintas diligencias como nuevos cruces telefónicos o citaciones a testigos.

Los jueces que deben conducir el debate tienen una agenda intensa. Gorini entiende en el tribunal que lleva la causa por la tragedia ferroviaria de la estación Once, Néstor Costabel tiene tres debates abiertos (entre ellos el affaire de los sobresueldos) y Karina Perilli integra un tribunal en lo Penal Económico en donde ya uno de los jueces se traslada al interior para subrogar.

El punto más espinoso de todo el reporte podría emerger si Gorini menciona que la Corte no resuelve los planteos de Juan José Galeano, Eamon Mullen y José Barbaccia, que alegan que ellos no pueden ir al juicio de la pista siria porque ya fueron sobreseídos por Gabriel Cavallo. Revisar la doctrina de la "cosa juzgada" es por estos días una complicación en el cuarto piso de la calle Talcahuano. Esa teoría dice que quien ha sido sobreseído luego no puede ser juzgado por la misma cuestión.

En las últimas semanas han existido contactos de jueces federales que piden que ese debate se trate con especial cautela en la Corte ya que si los sobreseimientos son sensibles de nuevas revisiones, hay varios magistrados que temen un búmeran que podría arrojar consecuencias no deseadas. En algunos casos el resquemor a esa revisión es mayor en los jueces y fiscales que en los propios funcionarios que se han visto beneficiados en expedientes inquietantes. Se conoce además un paper de la Universidad Austral en el cual Elena Highton de Nolasco, al menos en junio de 2011, se mostraba de lo más predispuesta a relanzar el debate sobre la "cosa juzgada".

El interés de la Corte en que el juicio se inicie está vinculado a la audiencia de Lorenzetti con los representantes de Memoria Activa en la cual el justice prometió apurar los tiempos.

La urgencia de esta querella es notable si se considera que años atrás se había logrado armar un tribunal para iniciar el juicio. Lo integraban Gorini, Costabel y Pablo Bertuzzi. Cuando estaban en las instancias preliminares Bertuzzi fue recusado, justamente por Memoria Activa.

Detalle que se inserta en la realidad de que el juicio no sólo es incómodo para los magistrados (fue tortuoso armar el tribunal por la cantidad de amistades y odios de los jueces para con los acusados, lo cual forzaba excusaciones), sino también para las querellas, en algunos casos preocupadas por ciertas maniobras que podrían salir a la luz en ese juicio que involucra a jueces, fiscales, abogados, espías y políticos. Cuando el proceso comience las versiones taquigráficas serán imperdibles.

Es improbable que Gorini, Perilli y Costabel inicien el juicio en el corto plazo y la única salida, en caso de que la Corte insista con la celeridad del caso, sería que desde la Casación se recurra al listado de jueces de tribunales orales del fuero ordinario que se declararon disponibles para subrogar porque dicen no conocer a los acusados, cuyo estrellato en la década del 90 encontraba su núcleo en los tribunales de Retiro.

La política no está excluida en este tironeo. El 9 de abril el Consejo de la Magistratura debería enviarle al Poder Ejecutivo las ternas para habilitar dos nuevos tribunales orales federales (el 7 y el 8). Llegado el caso esos nuevos jueces podrían integrar el tribunal del juicio. Si Cristina de Kirchner lo dispone, y gira los pliegos al Senado, en menos de dos meses podrían estar designados una vez que se les tome juramento.

Tiempos que serían absolutamente excepcionales si se considera la historia reciente y se recurre a los datos presentes en los discursos del titular de la Corte.