En sintonía con la postura del Gobierno nacional que le valió una dura interna con Mario Cimadevilla y los familiares de las víctimas del atentado a la AMIA- la querella de las asociaciones AMIA y DAIA excluyó a algunos de los acusados y pidió ayer una condena de 4 años de prisión para el expresidente Carlos Menem y 3 años para el exjuez Juan José Galeano por el encubrimiento de la pista siria del atentado ocurrido en 1994. No hubo acusación para exfiscales del caso, Eamon Mullen y José Barbaccia, lo mismo que instruyó el Ministro de Justicia, Germán Garavano. Para Menem se solicitó además la inhabilitación por 8 años para ejercer cargos públicos por considerarlo autor del delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, encubrimiento por favorecimiento personal y violación de medios de pruebas. El pedido fue efectuado en los alegatos de la querella ante el Tribunal Oral Federal N° 2 que lleva adelante el juicio oral por el pago de u$s400 mil al exreducidor de autos Carlos Telleldín y por el desvió de la pista siria. Las instituciones consideraron a Menem como "instigador" en el desvío de la pesquisa para impedir la investigación del ciudadano sirio Jacinto Kanoore Edul en el atentado contra la AMIA. Para el ex titular de la SIDE Hugo Anzorreguy se pidió 3 años de prisión e inhabilitación por 6 años. Para el excomisario Jorge "Fino" Palacios, 3 años de prisión e inhabilitación por 6 años para ejercer cargos públicos, por ser partícipe necesario del delito de encubrimiento por favorecimiento personal, con abuso de autoridad. Solicitaron la absolución del exagente Patricio Finnen, el abogado Víctor Stinfale, Telleldín y quien era su pareja Ana María Boragni, por haber orquestado el pago.
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La decisión oficial de cambiar a último momento el alegato de la Unidad AMIA que depende del Gobierno generó el alejamiento del entonces secretario especial, Mario Cimadevilla, quien dio un portazo denunciando a su jefe, Garavano por múltiples irregularidades. Esa decisión derivó en una denuncia penal planteada por el chubutense en la que acusó al titular de la cartera de Justicia y a otros funcionarios de su Gabinete por encubrimiento.
La querella privada de la AMIA y DAIA siguió esos pasos pero además consideró que no se debía acusar a todos los imputados que habían llegado a juicio por el pago ilegal, con fondos que presuntamente eran de la entonces SIDE, en una maniobra investigada por el fallecido fiscal Alberto Nisman.
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