AMLO prepara amnistía para 5 millones de auxiliares del narco

Son campesinos, “mulas”, “soldaditos” y miembros de bajo rango de las organizaciones. La estrategia de militarización del conflicto dejó pocos resultados y 235.000 muertos en los últimos doce años.

Macabro. Escenas como esta se han vuelto habituales en México, de la mano del auge del narcotráfico. Buscan ahora cortar el ciclo de violencia.

Chilpancingo - A principios de 2016, el obispo Salvador Rangel se internó en la peligrosa sierra del estado mexicano de Guerrero con una misión: salvarle la vida a un sacerdote de la zona que, por predicar contra el narcotráfico, se ganó la enemistad de un capo.

Guiado por hombres armados, el religioso, entonces de 70 años, subió las escarpadas montañas y convenció al poderoso narco de que le perdonara la vida a su colega diciéndole que, de no hacerlo, se enemistaría con el pueblo y atraería al Ejército.

Desde entonces, Rangel se ha reunido varias veces con ese y otros capos buscando pacificar Guerrero, que el año pasado registró un promedio de seis homicidios dolosos por día, la mayor tasa del país de acuerdo con cifras oficiales.

La cruzada del franciscano ha remecido los cimientos de la estrategia oficial de combatir la narcoviolencia con las armas y, en el camino, le han llovido críticas.

"Les he pedido que procuren no asesinar, no secuestrar, no extorsionar a las personas", dijo Rangel en la sacristía de una iglesia de Chilpancingo, capital de Guerrero, en el suroeste del país. "Afortunadamente han respondido".

Desde que inició los diálogos con los narcos y líderes de la delincuencia organizada, Rangel dijo que pararon los asesinatos de religiosos al menos en su diócesis. Pero los políticos siguieron cayendo.

Andrés Manuel López Obrador, el vencedor de las elecciones presidenciales del domingo, fue uno de los pocos personajes públicos que respaldó al obispo, a quien conoce.

En las mismas montañas donde Rangel predica, López Obrador propuso una amnistía para quienes han sido obligados -por la fuerza o la pobreza- a sembrar o transportar drogas, además de para los bajos rangos dentro de las organizaciones criminales, después de años de un combate frontal que no logró controlar la violencia.

Esos 5 millones de personas, según estudios, se someterían a un proceso de justicia transicional similar al que se implementó en Colombia con la guerrilla de las FARC, en lo que sería la apuesta más riesgosa y compleja que podría tomar López Obrador en su mandato.

Por casi doce años, el Estado mexicano ha librado una guerra a sangre y fuego contra el narcotráfico y el crimen organizado.

A pesar de haber arrestado a varios capos y desarticulado grandes carteles, la violencia no da tregua: desde 2006 ha dejado más de 235.000 muertos y el año pasado, el más sangriento, le costó al país un 21% de su PBI.

Conocido por ser cercano al pueblo, López Obrador, de 64 años, lleva décadas recorriendo México y, en ese periplo, ha dado forma a su tesis para acabar con la violencia.

En diciembre, durante una gira de campaña en Quechultenango, un pequeño poblado en Guerrero, AMLO lanzó por primera vez su plan de amnistía.

En la madrugada de ayer, tras su abrumador triunfo en las elecciones presidenciales, insistió en que cambiará "la estrategia fallida de combate a la inseguridad y a la violencia. Atenderemos las causas que las originan, combatiendo la desigualdad y la pobreza".

Olga Sánchez, una reconocida jurista propuesta por López Obrador para ocupar la Secretaría de Gobernación, se ha puesto a la cabeza de un equipo que se encuentra afinando el proyecto de ley de amnistía.

"¿Andrés quiere perdonar a los criminales que secuestraron, que desaparecieron, que asesinaron, que torturaron? ¡Por supuesto que no! Los destinatarios serán campesinos, gente cooptada por el narcotráfico, en el trasiego de la droga, pero que no han cometido delitos", dijo en su oficina atiborrada de libros jurídicos en Ciudad de México.

La propuesta, dijo Sánchez, supondrá la creación de comisiones de la verdad y tribunales especiales e incluye reparaciones civiles para las víctimas de delitos y sus familias y garantías de no repetición por parte de los amnistiados.

El equipo liderado por la exministra de la Suprema Corte busca que la ley abarque entre diciembre de 2006 -cuando las Fuerzas Armadas salieron a las calles a combatir la violencia- hasta 2018 "porque se dispara el crimen, las violaciones de derechos humanos, el narcotráfico", explicó.

Sánchez se mostró abierta a la colaboración de organismos internacionales como la ONU y la Iglesia Católica y apoya la despenalización de las drogas como una medida complementaria para lograr la pacificación del país.

AMLO ha confesado que la violencia es el problema más complejo que le tocará enfrentar tras ganar la presidencia el domingo en su tercer intento consecutivo. Por ello, muchos analistas y personas de su entorno creen que el resultado de su amnistía podría determinar el éxito o fracaso de su Gobierno.

Como López Obrador concibe a la violencia como un fenómeno íntimamente relacionado con la pobreza, ello "limita la posibilidad de resultados en el corto plazo", opinó el analista Alejandro Hope.

De la misma opinión fueron los miembros del gabinete de seguridad de AMLO, quienes dijeron que los seis años que dura el período presidencial les quedarían cortos.

"Entrando, rápidamente, se van a tomar decisiones muy fuertes", dijo Sánchez. Pero "seis años es muy poco. Creo que vamos a sentar las bases y (avanzaremos) lo que se pueda".

En México, la pobreza abarca a casi la mitad de sus 126 millones de habitantes y el país, la segunda mayor economía de América Latina, es el más desigual de la OCDE.

En medio de esta realidad, a millones de mexicanos no les queda otra opción que rendirse al crimen para sobrevivir.

El narcotráfico y el crimen organizado emplean a unas 600.000 personas en el país, entre agricultores que siembran amapola y marihuana y unos 450.000 pistoleros. Y, según cálculos del Gobierno y diversos estudios privados, el crimen es el sustento de casi 5 millones de hombres, mujeres y niños.

Uno de ellos es Jesús, quien nació, creció y vive cerca de un campo de amapola en la sierra de Guerrero. De niño se dedicaba a rallar y recoger la goma de opio gracias a sus pequeñas manos, incapaces de estropear la delicada planta, base para la elaboración de la heroína que invade Estados Unidos.

Cuando cumplió 10 años fue el encargado de llevarles comida a los pistoleros. Más tarde fue promovido a "halcón", un vigilante responsable de dar aviso ante cualquier movimiento extraño.

En unos años, el adolescente estará listo para convertirse en sicario, dijo su madre, quien cultiva amapola en Guerrero.

A personas como Jesús y su familia es a quienes apunta la ley de amnistía de López Obrador, dijeron miembros de su equipo.

"Siempre he estado de acuerdo en una amnistía limitada o restringida; esos niños que crecieron así, siendo amapoleritos, ¿qué culpa tienen? O gente que es la única oportunidad que tiene para sobrevivir o quienes son obligados a sembrar. Una amnistía para ellos sería buena, pero no bastaría. Hay que darles otra opción. ¿De qué van a vivir?", se preguntó Rangel.

Agencia Reuters