Amparos de militares por salarios, hoy en Diputados

Nilda Garré

El secretario de Hacienda, Juan Carlos Pesoa, y el viceministro de Economía, Roberto Felleti, informan hoy a la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados los detalles del Presupuesto 2010. Los números del rubro gastos de personal (inciso 1) del Ministerio de Defensa -un área que no interesa al poder- están en crisis. La situación se analizó en dos reuniones encabezadas por Raúl Garré, hermano y jefe de Gabinete de asesores de la ministra de Defensa, a propósito de más de 5.000 planteos judiciales (amparos) resueltos a favor de uniformados en actividad que reclamaron la liquidación correcta de sus haberes. Defensa instruyó a los titulares de las Fuerzas Armadas a no cumplir las decisiones cautelares de los magistrados con el argumento de que «la jurisdicción no cuenta con los recursos presupuestarios para atender las medidas ordenadas». Esperan un crecimiento exponencial de amparos que obligaría en lo inmediato al Estado a pagar haberes corregidos comprometiendo las partidas proyectadas para 2010, novedad no prevista en el proyecto elaborado por el ministro Amado Boudou. El Presupuesto nacional contempla cubrir los niveles salariales vigentes así como el efecto anualizado de los aumentos concedidos en 2009, pero Defensa no informó los montos ya comprometidos por los amparos interpuestos en la Justicia ni dispone de una ponderación de los valores en juego.

El último encuentro convocado por Garré ocurrió el 17 de setiembre pasado entre las 18.30 y las 20.30, en el que estuvieron: Lorenzo Donohoe, presidente del Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF); Oscar Cuattromo, secretario de Planeamiento; Hugo Cormick, subsecretario de Coordinación; Inés Slepczuk, directora general de Presupuesto; los subjefes, los jefes de personal y los auditores de las tres Fuerzas Armadas.

El reciente fallo plenario de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal en la causa «Carrozzino» (un agente retirado de la Policía Federal que logró que se sumen al sueldo los suplementos no remunerativos) disparó millares de amparos de efectivos de las tres Fuerzas Armadas y también de Gendarmería y Prefectura.

En el salón Manuel Belgrano ubicado en el piso 11 del ministerio -allí se desarrollaron los encuentros- se escucharon, palabras más o menos, las siguientes frases de Donohoe, presidente del IAF, la caja previsional castrense: «Hay gente en actividad que se rebela contra la política salarial de la Comandante en Jefe, es un exceso que debería calificarse como insubordinación». Sobrevoló ese olor a «complot» tantas veces dibujado desde el Ejecutivo cuando la presión viene del palo militar, aunque ahora se ejerce en la Justicia como «ciudadanos de uniforme», según prescribe el nuevo Código de Justicia Militar de la gestión Kirchner.

El número actual llega a 5.500 beneficiados -hay almirantes de la cúpula naval- con la incorporación inmediata al haber de todas las sumas fijas no remunerativas que el Gobierno de Cristina de Kirchner dio como aumento de sueldo. Hay también 3.300 militares retirados en la misma situación, implica hoy unos 100 millones de pesos mensuales que se agregan a lo presupuestado por el IAF en el ejercicio 2009.

Tres fuentes militares y una del propio ministerio, presentes en esas reuniones confirmaron el clima de crispación de los debates. El licenciado Cuattromo habría expresado su enojo con los jefes de las fuerzas porque autorizaron a pagar esos haberes corregidos por la Justicia, sin que mediase una resolución de la ministra. Como si los dictámenes del Poder Judicial pudieran limitarse con decisiones burocráticas de un miembro del Poder Ejecutivo. Lo cruzó el subjefe del Ejército Argentino, general de división, Eduardo Lugani: «Yo tengo que salir de esta reunión con una orden clara, pague o no pague». La respuesta oficial llegó en el segundo cónclave: no cumplir el mandamiento de los jueces, un modelo de contestación fue entregado a los jefes de personal de las tres fuerzas, el texto se respalda en la falta de recursos presupuestarios. Además hubo una orden terminante: a partir de setiembre Defensa no depositará fondos derivados de nuevas medidas cautelares. La task force de Garré avanzó con un menú de acciones: confeccionar un padrón de los amparistas, sedes donde se radican los amparos, estado de los expedientes judiciales, proyección de los recursos en juego y su impacto en el Presupuesto, darle intervención a la Procuración del Tesoro, y, hasta el análisis del proceder de los jueces involucrados. Gran cantidad de demandas de amparo fueron iniciadas en el tribunal federal de Río Gallegos (Santa Cruz). Uno de los directores de personal de las fuerzas exhibió a los panelistas el decreto Nº 1262/09 publicado en el Boletín Oficial del 17 de setiembre pasado, que deroga los suplementos fijos y aprueba una nueva escala salarial (con mejoras) para la Policía Federal Argentina. La Federal blanqueó las sumas fijas y quedó el camino expedito para que el Ejecutivo haga lo propio con los suplementos particulares creados por el decreto Nº 2769/93 para las Fuerzas Armadas, la Gendarmería y la Prefectura.