Apelan precautelar contra fiscales (y apuntan al juez)

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 La Procuración General apelará hoy la medida precautelar del juez en lo contencioso administrativo Enrique Lavié Pico que frenó la designación de 16 fiscales impulsados por Alejandra Gils Carbó. También habrá nuevas embestidas sobre el juez y una saga de solicitadas en un intento por blindar a la jefa de los fiscales. El contragolpe y las tácticas de esta contienda -que en realidad es la antesala de nuevas escaramuzas- tienen su correlato en el gabinete, donde ahora la tensión se ha puesto en el mes de febrero cuando finalice el receso estival de los tribunales.

Aunque prácticamente pasó inadvertido durante el fin de semana, desde la oficina de Gils Carbó el viernes recusaron a Lavié Pico en un giro que podría implicar daños no calculados. El reemplazo del juez, en caso de que la acción tenga éxito, es Liliana Heiland, la única jueza que firmó cautelares contra la Resolución 125 que llevaba la firma del entonces ministro Martín

Lousteau
. De hecho, aunque tal vez en el dato no haya llegado a la esquina contraria, Heiland está más que entusiasmada con esa probabilidad.

El fuero contencioso administrativo es un espacio más uniforme que la Justicia penal federal, donde cada juez tiene sus ideas y sus contactos. Las percepciones de los magistrados que entienden la constitucionalidad de los actos del Estado ostentan una menor gama de grises. Por eso, en el Ministerio de Justicia descuentan que la Cámara en lo Contencioso confirmará el proceder de Lavié Pico cuando se concrete la apelación. Sólo esa instancia tiene la potestad de interrumpir el efecto de la precautelar.

Esta semana, en el oficialismo también esperan novedades desde el juzgado de Rodolfo Cancicoba Corral, que habilitó la feria para tratar una causa penal iniciada contra la procuradora. Al igual que sucede en el caso de Ariel Lijo, la determinación de Canicoba es inquietante hacia dentro del Gobierno por el buen trato del magistrado con promotores y candidatos de sello kirchnerista. El pronóstico de mayor hándicap que circulaba el viernes hablaba de una serie de citaciones que podrían conocerse antes de que finalice esta semana.

El resultado que logró el legislador del kirchnerismo disidente Mauricio D'Alessandro provocó festejos en la Asociación de Magistrados, que es el próximo escenario de internas si efectivamente se concreta la decisión de los directivos de la lista Celeste (de buena sintonía con el Gobierno) de iniciar una acción judicial contra el titular del gremio, el camarista Ricardo Recondo. Alegarán que éste impulsó un amparo sin consultar al consejo directivo y le recordarán que de los 16 fiscales nombrados, alrededor de la mitad son socios del gremio y pagan sus cuotas.

Recondo avaló el amparo porque su lista Bordó tiene la mayoría en el consejo directivo y a ésta se sumará el nuevo espacio Compromiso Judicial. Para el jefe del gremio, la resolución de Lavié Pico no fue un secreto. El miércoles por la noche ya confirmaba el resultado y a quienes lo consultaban por la verosimilitud de su pronóstico, éste respondía que había conversado con el camarista en lo Contencioso Administrativo Sergio Fernández. Detalles, pero que valen a la hora de señalar las potenciales zonas de conflicto.

En paralelo, el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, se inclina por una instauración veloz del sistema acusatorio con el objetivo de controlar lo que se imagina como una embestida judicial de mayor frontalidad en febrero. Los escenarios diagramados en Balcarce 50 para ese entonces tienen una alta cuota de dramatismo, porque incluyen la posibilidad de funcionarios y allegados sometidos a la autoridad policial.

El fundamento para acelerar los tiempos tiene, además, un fondo político, porque sigue la línea de que luego de haber incrementado la presencia en la Magistratura, ubicar al nuevo administrador general del Poder Judicial, haber aprobado el Código Procesal Penal y logrado materializar los cambios en la conducción de la SIDE, la moderación ya no es una alternativa viable.

Planes y agendas que no se condicen con las ideas de otros ministros y funcionarios rutilantes que en las últimas semanas de 2014 acudieron a la Corte Suprema para escuchar que la instauración del sistema acusatorio en la provincia de Buenos Aires demoró 20 meses y, como siempre, conocer el dato de que la Presidente aún tiene en su poder 57 ternas de jueces que todavía no ha nombrado. La disparidad en los tiempos de jueces y fiscales no es grata en la Corte, que todavía encontrará, esta semana, a Juan Carlos Maqueda como autoridad de feria.

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