Aprueban ley de justicia local para medios

José Manuel de la Sota

Córdoba- La Legislatura unicamercal de la provincia convirtió anoche en ley el Decreto 525 firmado por el crítico gobernador justicialista José Manuel de la Sota, que pretende "garantizar el pleno ejercicio de la libertad de expresión" y que emula a la disposición de Mauricio Macri en la Ciudad de Buenos Aires.

El jueves pasado, el texto fue aprobado por las comisiones de Legislación General y la de Asuntos Constitucionales, en tanto que ayer el decreto llegó al recinto para su ratificación.

Para su aprobación, el oficialismo necesitó alcanzar la mayoría simple, sobre un total de 70 legisladores. Pero el delasotismo, que cuenta con 44 bancas, hizo imponer su dominio en ese cuerpo pese al rechazo de los bloques que referencian en el Frente para la Victoria, el Frente Cívico, y el propio radicalismo.

El instrumento del gobernador sostiene en uno de sus artículos, que "las libertades de expresión, opinión y prensa ejercidas en la provincia quedan sujetas a la plena potestad legislativa de la provincia de Córdoba y ninguna norma nacional, provincial o municipal, cualquiera fuere su materia, puede por vía directa o indirecta restringir, censurar o alterar u ejercicio, siendo inaplicables dentro del territorio provincial".

Añade que esas atribuciones "se ejercen de acuerdo a los principios que establecen la Constitución Nacional, los tratados internacionales que la integran y la Constitución de la provincia de Córdoba, y no pueden ser alteradas, censuradas o afectadas y/o dispuestas de manera directa o indirecta por normas o actos de cualquier naturaleza".

La legisladora provincial del Frente Cívico, Liliana Montero, manifestó que con este decreto el gobernador "hace una puesta en escena mediática" sobre la libertad de expresión.

Asimismo dijo que el decreto contiene aspectos que "ya están contemplados" en la legislación argentina y criticó el hecho de que "quien pretende garantizar" esos postulados "es el primero en incumplirlos".

Por su parte, el abogado Miguel Ceballos, integrante del espacio Justicia Legítima de Córdoba, sostuvo que ese instrumento es un "mamarracho que jurídicamente no es aplicable", lo que hace presumir que se intentará frenar su aplicación mediante presentaciones judiciales, como ocurrió en la Ciudad de Buenos Aires.