Empieza a notarse preocupación en el Gobierno en momentos en que llegan las primeras facturas con los aumentos de este año.
El Gobierno busca despegarse del creciente descontento por el aumento en las facturas de electricidad atribuyendo responsabilidades a los gobiernos y empresas provinciales. "Vamos a transparentar quién cobra qué" anunció ayer el ministro Juan José Aranguren, en relación a que antes de fin de mes se publicarán en internet "los valores que cobra cada una de las distribuidoras, sus cuadros tarifarios, indicando cuánto es el componente de generación, cuánto es el Valor Agregado de Distribución (VAD) y el de impuestos, que también es distinto entre provincias".
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Además, el titular de Energía calificó como un "fallo político" el que emitió el juez de La Plata, Luis Arias, al frenar el aumento de la electricidad en la provincia de Buenos Aires. Indicó que "si hay un juez que dice que la tarifa no se puede incrementar más que el aumento salarial, la pérdida de 10 años (de los costos del servicio) no se recupera nunca".
Según el funcionario, si la Justicia provincial vuelve a fallar en contra de las subas, el caso llegará a la Corte Suprema y que "de mantener el mismo criterio del año pasado deberá pronunciarse a favor" de los incrementos, en relación con que en 2016 ese Tribunal permitió el ajuste en la electricidad, previo cumplimiento de una audiencia pública.
Aranguren anunció que se avanzará en una "armonización tarifaria" del servicio eléctrico en todo el país con la premisa de "transparentar" los costos de cada uno de los componentes de las facturas, lo que dejará al descubierto "los sobrecostos ajenos al sistema que se están aplicando en distintas provincias". Citó como ejemplos las tarifas en La Rioja, Córdoba o Chaco y aseguró que "ha habido aumentos tarifarios por encima de lo que fue el costo de generación, porque le siguieron sumando valor agregado de distribución y como aumentó el costo de generación se lo ponen en la mochila al Estado nacional". El costo de generación o precio mayorista es fijado por el Gobierno nacional para todo el país, representa un tercio de la factura y aumentó un 100% desde el 1 de marzo.
"En un sistema más armónico la única dispersión debería estar vinculada con la cantidad de clientes por metro cuadrado, porque permite diluir el costo de distribución", dijo Aranguren. Agregó que en Edenor y Edesur, que dependen del Estado nacional, el aumento en el valor de distribución se desdobló en tres partes con incrementos en febrero, noviembre y febrero de 2018 "para extender en un plazo de año y medio lo que sus pares del resto del país vinieron realizando en los últimos años". Añadió que "muchas provincias han continuado con políticas de aumentos por encima del costo de generación", y que la publicación de los datos permitirá "desenmascarar qué es lo que se hace en cada caso".
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