Archiva Suiza causa por lavado contra Moyano

Hugo Moyano

Tras dos años de investigación, la Justicia de Suiza cerró la causa por presunto lavado de dinero en contra de la familia de Hugo Moyano y el dueño de la empresa recolectora de residuos Covelia. El expediente había derivado en un exhorto para pedir colaboración a los tribunales argentinos y llevó al jefe de los camioneros a amenazar con un paro nacional tras denunciar una supuesta persecución en su contra.

La fiscalía general de Suiza envió al archivo el sumario luego de que Ricardo Depresbíteris, propietario de Covelia, «disipara las sospechas en su contra por lavado de dinero». La comunicación de la fiscalía helvética debería llegar en los próximos días al juez federal Norberto Oyarbide, que a raíz del exhorto envió a todos los juzgados del país requisitorias para establecer si hay causas en contra de Moyano o del empresario por ese tipo de delitos.

La llegada del documento internacional en marzo de 2011 a la Argentina y su recepción por parte del magistrado provocaron la reacción inmediata del camionero. Tras lanzar un paro nacional de su gremio -que levantaría antes de llevarlo a cabo- declaró no tener «un carajo que ver con Covelia». Intendentes bonaerenses y dirigentes de la oposición señalaron en varias oportunidades que la familia Moyano operaba a favor de esa empresa en las licitaciones por los contratos de recolección de basura.

La causa arrancó en Suiza en enero de 2011, cuando un fiscal ordenó, sobre la base de un reporte de operaciones sospechosas, el bloqueo de una cuenta abierta por Depresbíteris y su esposa, Marcela Elvira Mete, en la que había depositados 1.870.000 dólares. La investigación, inicialmente sobre «personas desconocidas», derivó primero hacia el empresario y luego hacia Hugo y Pablo Moyano, así como a miembros de su entorno que eventualmente pudieran tener sobre sí causas por lavado de dinero.

En un documento oficial, al que tuvo acceso este diario, la fiscalía general de Suiza afirma que «las explicaciones que proveyó el empresario sobre las transacciones bancarias» hicieron «posible dilucidar el origen de los fondos». «Nada de lo encontrado indica algún fondo de origen ilegal», añade la comunicación. Y explica que el 7 de enero se puso fin al sumario y se levantó la inhibición sobre la cuenta.

En paralelo con la tramitación del exhorto, el juez federal Ariel Lijo recibió la denuncia de un particular para que se investigaran los mismos hechos denunciados en la rogatoria internacional. En octubre de 2011, con un dictamen en ese sentido del fiscal Carlos Rívolo, el juez Lijo archivó la causa por entender que no había investigaciones pendientes ni elementos que justificaran darle continuidad.

Para archivar la denuncia original, la oficina del ministerio público helvético se basó en los documentos que presentó ante Lijo el abogado del dueño de Covelia, Gabriel Len. El letrado le dijo a este diario que «el fallo demoró demasiado en dar la razón» a los alegatos que presentó, pero de todos modos se manifestó conforme con el resultado.

La llegada del exhorto a la Argentina provocó una tormenta política en momentos en que la alianza entre el Gobierno y Moyano era sólida. Además de la medida de fuerza, el camionero sembró sospechas por la supuesta intencionalidad de un sector del Ejecutivo de perjudicarlo. En rigor, la tramitación del documento internacional demoró por las objeciones que presentó la Cancillería (responsable de canalizar los planteos entre la Justicia local y la de Suiza) a errores formales en su redacción y presentación.

También opinó sobre el archivo en el país europeo el exjuez Daniel Llermanos, abogado penalista del jefe de la CGT opositora: «Siempre sostuve la total inocencia de mis asistidos. Fue una maniobra política para desacreditar a Moyano, como pasó en tantas otras oportunidades».