Arde todo: el juez promete más presos

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El juez federal Norberto Oyarbide adelantó ayer que todavía «no han culminado las detenciones» en la causa por adulteración y venta ilegal de medicamentos, que tuvo ayer un día clave al ser impulsados los arrestos del titular del gremio de los bancarios, Juan José Zanola, y seis personas más, entre ellos, su mujer, Paula Aballay, y el propietario de las droguerías San Javier y Multipharma, Néstor Lorenzo.

También confirmó que todos los detenidos se presentarán en su juzgado mañana para prestar declaración indagatoria y agregó que iban a esperar a ver «qué es lo que dicen ante todas las pruebas que yo les exhibiré, que son las que hemos reunido en todo este tiempo de trabajo».

El magistrado se mostró sobrio en sus respuestas ante los periodistas que se apostaban ayer a la mañana en la puerta de su casa y se limitó a detallar que todos los imputados «fueron ubicados con toda facilidad, no han ofrecido resistencia». Pero no aceptó responder preguntas a la prensa y explicó que se debía al fallo de la Cámara Federal de Apelaciones por supuesto prejuzgamiento en el caso de las escuchas ilegales, que le pidió que ajustara sus declaraciones a lo estipulado por la Corte Suprema de Justicia una acordada. Oyarbide recordó, no sin cierta ironía, que «esa acordada señala en pos del decoro que los funcionarios y magistrados debemos al momento de expresarnos, hacerlo con toda mesura y prudencia».

Por su parte, la ex ministra de Salud y denunciante en la causa de la llamada mafia de los medicamentos Graciela Ocaña señaló ayer en declaraciones radiales respecto de Zanola que estaba a la vista que «armó un fideicomiso al cual derivaban todos los ingresos de la obra social que él administraba en favor de Néstor Lorenzo y de algunos de estos personajes que comercializaban medicamentos en mal estado y de empresas que eran manejadas por su concubina».

La ex ministra, que se fue del Gobierno luego de fuertes cruces con el sindicalismo por el manejo del dinero destinado a las obras sociales destacó además que «el juez empezó a desmantelar las tres o cuatro líneas con las cuales se estaba comercializando ilegalmente medicamentos, incluso descubriendo la relación que había con algunos sectores del Estado» y denunció que «hoy la principal alianza del Gobierno es con estos sectores de la dirigencia sindical».

Por otro lado, el diputado nacional de la Coalición Cívica Fernando Sánchez pidió ayer la detención del ex titular de la Superintendencia de Servicios de Salud Héctor Capaccioli y del ex ministro de Salud Ginés González García, ya que «sin la complicidad de los funcionarios, sin la intervención de ellos no existe este negocio que persiste en el tiempo y en el que se malversa tanto dinero de los trabajadores».

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