Argumentos para un reto

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Damos los argumentos centrales del voto mayoritario de la Corte Suprema de Justicia al resolver que los DNU no deben ser usados para ampliar las atribuciones del Poder Ejecutivo, sino para atender situaciones de necesidad y urgencia:

«Es necesario recordar los propósitos que guiaron a los convencionales constituyentes de 1994 al resolver incorporar a la Constitución Nacional en forma expresa la facultad que se analiza».

«El dato relevante para la decisión fue la sistemática extralimitación del ejercicio de tal facultad por parte de los titulares del Poder Ejecutivo. Si bien es cierto que la Constitución formal no receptaba norma alguna en tal sentido, la realidad institucional mostraba aquella tendencia y su consecuencia natural, que no era otra que el debilitamiento del sistema republicano democrático».

«En tal sentido, la reforma constitucional enunció entre sus objetivos el de 'atenuar el presidencialismo', al mismo tiempo que consignó la necesidad de 'modernizar y fortalecer el Congreso' y 'fortalecer los mecanismos de control', todo ello directamente relacionado con el fin de 'perfeccionar el equilibrio de poderes.»

Finalidades

En el debate constituyente, el convencional Alberto García Lema, en oportunidad de referirse a aspectos de la reforma constitucional, manifestó que «los contenidos del Núcleo de Coincidencias Básicas responden, al igual que la habilitación de los temas que están incluidos en el artículo 3° de la ley declarativa, a ciertas finalidades, a ciertas ideas fuerza, que constituyen los grandes objetivos de la presente reforma. La segunda gran idea fuerza es generar un nuevo equilibrio en el funcionamiento de los tres órganos clásicos del poder del Estado -el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial-; y a ella responden, a su vez, la atenuación del régimen presidencialista, el fortalecimiento del rol del Congreso, la mayor independencia del Poder Judicial».

En línea con los conceptos de que da cuenta el párrafo anterior, el convencional Enrique Paixao señaló que «la reforma de la Constitución Nacional se trata de dos realidades que encarnan dos formas distintas de concentración del poder en nuestra Constitución histórica y en la vida institucional de esa Constitución. Una de ellas está vinculada con la concentración de poder en el Poder Ejecutivo nacional». Por ello, continuó diciendo, el conjunto de reformas «significa asumir como hecho que la actual etapa histórica de la Argentina no es la etapa del hiperpresidencialismo al servicio de la organización nacional, sino la de una descentralización del poder que posibilite un avance armónico y por consenso de la mayor cantidad posible de integrantes de la sociedad política».

Propósitos

Por su parte, el convencional Raúl Alfonsín sostuvo que la intención del constituyente fue la de «atenuar el presidencialismo y desconcentrar las facultades del presidente»; y que al sancionar estas reformas buscó «evitar la degradación de la democracia y de las instituciones que ponía en peligro nuestra República». Agregó, refiriéndose a la concentración de poder en el Ejecutivo, que «dicha concentración de poder distorsiona la representatividad y el sistema de separación de poderes, y debilita el control de la validez y la legitimidad de las acciones del Ejecutivo por parte de los otros poderes del Estado».

En su voto, la jueza Carmen Argibay va más lejos cuando dice que en principio todo DNU es inconstitucional hasta que se demuestre lo contrario:

El art. 99, inciso 3º, segundo párrafo, de la Constitución Nacional, establece la siguiente prohibición general: «El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo». El presidente, por ser el funcionario que desempeña el Poder Ejecutivo (art. 87 Constitución Nacional) está especialmente alcanzado por esta prohibición. Por lo tanto, cualquier disposición de carácter legislativo emitida por el Poder Ejecutivo debe reputarse prima facie inconstitucional, presunción ésta que sólo puede ser abatida por quien demuestre que se han reunido las condiciones para aplicar la única excepción admitida en la Constitución a la prohibición general.

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