El gremialismo del Poder Judicial iniciará la semana que viene un raid electoral para definir las autoridades de las comisiones internas en los distintos fueros y jurisdicciones. Será una ocasión para que midan fuerzas los dos gremios en pugna, el que conduce Julio Piumato (Unión de Empleados Judiciales, cercano a la CGT de Hugo Moyano) y el que se referencia en el peronista Juan Manuel Olmos (Sitraju, más cercano al kirchnerismo), que apareció como un actor de disputa en los últimos meses. Una reforma al sistema jubilitorio y la aplicación de la Reforma Procesal Penal son dos de los temas que animan la contienda sindical.
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Este maratón que tiene su largada la semana que viene en el fuero Penal Económico no es ajeno a la Corte Suprema, porque el máximo tribunal suele ser el destino final de gran parte de los planteos gremiales.
En la cotidianidad de los juzgados, los empleados superan ampliamente a los funcionarios judiciales, que suelen ser sólo tres o cuatro, incluido el propio magistrado.
Ricardo Lorenzetti ha encontrado en Piumato un interlocutor de tinte racional y que escapa a medidas extremas que en reiteradas ocasiones son demandadas desde la base del gremio. Conversa con el gremialista con cierta frecuencia, aunque, en un giro de equilibrista, recientemente dos funcionarios de la Corte recibieron a los representantes del nuevo sindicato.
Un gesto que coincidió temporalmente con otras señales de distensión. El punto de inicio fue cuando desde Olivos le avisaron al justice que la embestida contra Carlos Fayt estaba terminada (la única esquirla fue que una docena de legisladores terminó en una carátula en el despacho de Julián Ercolini). Por ahora, la contienda en torno a la ley de subrogancias no ha logrado quebrar esa sintonía.
La polémica por las jubilaciones de los jefes de despacho es uno de los temas de la elección sindical. Actualmente, estos empleados cuentan con ingresos atractivos al punto que no se jubilan porque sólo lo hacen con el 37% del sueldo (los funcionarios, en cambio, gozan del 82%). Esta disparidad genera que en múltiples dependencias es imposible una renovación generacional, y los empleados continúan en sus puestos hasta edades demasiado avanzadas para el ritmo de trabajo cotidiano.
Lorenzetti ya le ha transmitido a Piumato que desde su percepción es imposible equiparar el beneficio de los funcionarios con el de los empleados. Es una cuestión de filosofía más que de impacto económico. Por eso, en la Corte ha circulado un documento con ideas y observaciones para la eventual creación de una caja previsional orientada a mejorar la situación de los empleados retirados.
El panorama actual favorece a Piumato, que tiene un mayor tramado en todo el país. Esto el kirchnerismo lo entiende, y por eso el premio mayor sería el de lograr instalar que el dominio del aliado a la CGT Azopardo no es absoluto. Podría lograrlo en el fuero Penal, el Laboral y en ciertas jurisdicciones del interior, como Rosario o Misiones. Para Olmos es una apuesta de interés, porque finaliza su mandato en la Magistratura porteña y el capital que logre construir podría avalar sus aspiraciones para después de diciembre, especialmente si Daniel Scioli es presidente.
La instauración del modelo acusatorio es otro elemento de fricción, porque desde el gremio de Piumato se han emitido duras críticas a la idea del oficialismo de incorporar mayor cantidad de empleados para asistir a los fiscales que ahora conducirán las pesquisas. Una crítica que encuentra en Alejandra Gils Carbó una aliada inesperada: la procuradora nunca estuvo de acuerdo con la cantidad de cargos que creó la reforma votada en el Congreso.
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