Arrancó ayer expropiación de las acciones de YPF

Axel Kicillof

El Gobierno publicó ayer en el Boletín Oficial el decreto de promulgación y el texto de la ley de expropiación del 51% de las acciones de YPF arrancando así el proceso de transferencia de esa tenencia a manos del Estado. El trámite no será rápido, aunque el Gobierno se garantizó en la ley la toma de control legal de la empresa con la convocatoria a la asamblea de accionistas que realiza la CNV (ver nota aparte) que el próximo 4 de junio removerá formalmente al viejo directorio y nombrará a las nuevas autoridades.

Así, la ley de expropiación, con el número 26.741, entró en vigencia ayer y, además de declarar de «interés público nacional y como objetivo prioritario de la República Argentina el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, así como la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos», activa un procedimiento que obliga al Tribunal de Tasaciones a tomar competencia inmediatamente, aunque ese trámite será posterior a la evaluación de pasivos ocultos y hasta del costo del impacto ambiental que haya producido YPF en la era Repsol en las provincias, como adelantaron Julio De Vido y Axel Kicillof cuando explicaron la ley en el Senado.

Utilidad pública

La estructura de transferencia accionaria al Estado que marca la ley y comienza a ejecutarse hoy establece que el 51% del patrimonio de «YPF Sociedad Anónima representado por igual porcentaje de las acciones Clase D de dicha empresa, pertenecientes a Repsol YPF SA, sus controlantes o controladas, en forma directa o indirecta» se declaran de utilidad pública y sujetas a expropiación junto con el 51% de Repsol YPF GAS SA.

Ese 51%, como se sabe, será compartido con las provincias petroleras en una proporción del 51% para la Nación y el 49% para las gobernaciones.

Para que la titularidad de esas acciones de Repsol pase al Estado deberá, entonces, avanzar el proceso de expropiación que contempla la ley votada con la declaración de utilidad pública, primer requisito que establece, por otra parte, el Acuerdo de Inversiones Recíprocas que la Argentina firmó con España el 3 de octubre de 1991. El otro punto que establece ese acuerdo en el artículo 5 es que la expropiación no sea discriminatoria (de ahí la crítica en no haber avanzado también sobre las acciones del Grupo Petersen) y finalmente «una indemnización adecuada».

Ese acuerdo reproduce el trámite que prevé la ley de expropiación argentina, por lo que para que la transferencia de acciones se realice el Gobierno deberá primero realizar una oferta de pago a Repsol, que seguramente los españoles rechazarán, y tras esa eventualidad el inicio de un juicio de expropiación.

Pero eso no implica que el Gobierno no tenga hasta entonces el control pleno de la empresa. Para eso la ley le otorgó en el artículo 9 el ejercicio de «los derechos políticos sobre la totalidad de las acciones sujetas a expropiación hasta tanto se perfeccione la cesión de los derechos políticos y económicos correspondientes a ellas».

Asamblea

Por si eso no bastara, hasta que termine el proceso de transferencia formal de las acciones al final del trámite expropiatorio, se establece en el artículo 13 que «el Poder Ejecutivo... desde la entrada en vigencia de la presente ley ejercerá todos los derechos que las acciones a expropiar» y un párrafo después ordena a la Comisión Nacional de Valores a convocar a una Asamblea de Accionistas.

La insistencia de la ley en la transferencia del poder político sobre las acciones que se expropian a Repsol no es un tema menor. En el caso de Aerolíneas Argentinas, por ejemplo, el proceso de expropiación aún no terminó. De hecho, está en marcha el juicio de expropiación ante la negativa del Grupo Marsans a aceptar la oferta del Estado. Por lo tanto, la transferencia final de las acciones aún no se realizó, aunque la empresa está bajo comando absoluto del Gobierno argentino.