Además de ellos, miles de militares, policías, jueces, fiscales y funcionarios públicos fueron destituidos o detenidos, por ser considerados copartícipes del complot y seguidores de Fethullah Gülen, el predicador al que el presidente, Recep Tayyip Erdogan, acusa de haber orquestado la asonada.
La supuesta implicación de este imam, residente en Estados Unidos desde 1999, volvió a ser señalada ayer por el primer ministro, Binali Yildirim.
"Esto fue un golpe contra la democracia turca y está claro quién lo hizo. Todos sabemos que el imam (Gülen) está detrás de ello", sentenció el jefe del Ejecutivo.
Yildirim, un incondicional del poderoso Erdogan, aseguró que en distintos ministerios hay funcionarios que se unieron a la "organización terrorista", en referencia a "Hizmet" ("Servicio"), la influyente red de seguidores de Gülen, que hasta hace apenas tres años era un estrecho aliado del Presidente y de su partido, el islamista AKP.
"Empezamos a limpiarlos", anunció el primer ministro, reforzando la retórica inaugurada por Erdogan en la misma noche del golpe, cuando se refirió a la asonada como un "regalo de Dios" que permitiría limpiar el Ejército de elementos gülenistas. Las cifras dadas por Yildirim confirman que se trata de una "limpieza" a fondo. Unos 8.777 funcionarios del Ministerio del Interior, entre ellos agentes, oficiales y altos mandos de la Policía y la Gendarmería, fueron destituidos. Otros 1.500 fueron desplazados en otros ministerios.
Un total de 2.745 jueces y fiscales fueron suspendidos, entre ellos cinco miembros del Consejo Supremo de Jueces y Fiscales, que define los nombramientos en la judicatura.
Un gobernador provincial, 29 exgobernadores, 52 responsables de distritos, jefes de registros de la propiedad, asesores judiciales e incluso 12 conserjes en edificios públicos cayeron en la purga.
En esa lista no se cuentan los 7.543 detenidos, entre policías, soldados rasos, jueces, fiscales y civiles. Entre los arrestados están los mencionados 112 generales y almirantes.
Yildirim advirtió que esas cifras "van a cambiar", dejando claro que la purga continuará.
Los militares detenidos están acusados de conspiración para cambiar el orden constitucional a través de las armas", "resistencia armada a la autoridad", "creación de una organización armada" y, en algunos casos, de "conspiración y ataque al presidente".
Entre ellos se cuenta el general Akin Öztürk, excomandante de las Fuerzas Aéreas turcas y señalado como líder del intento de derrocar al Gobierno (ver nota aparte).
La purga de esos elementos "gülenistas" en la administración pública, lo que Erdogan llama el "Estado paralelo", llegó al punto de restringirse ayer que los empleados del Estado puedan abandonar el país, para evitar huidas de supuestos colaboradores del golpe.
En tanto, la resaca del intento de derrocar al Gobierno democráticamente elegido ha abierto el debate sobre la restauración de la pena de muerte, abolida definitivamente en 2004. Erdogan ya se refirió a eso el domingo, ante una multitud que pedía a gritos la ejecución de los "traidores". Y ayer, de nuevo, dijo que si el Parlamento se pronuncia en ese sentido, él aceptará la reintroducción de la pena capital.
En declaraciones a la emisora CNN desde Estambul, Erdogan dijo que el golpe fue "un claro crimen de traición", abriendo la posibilidad de aplicar la pena capital a los actuales acusados, de modo retroactivo, algo que incrementará la polémica internacional (ver página 21).
En su primera entrevista desde el intento de golpe, el mandatario añadió que "por supuesto, se necesitará una decisión parlamentaria para que eso (la restauración de la pena de muerte) sea una medida constitucional. Los líderes deberán reunirse y discutirlo", añadió.
"Si aceptan discutirlo entonces como Presidente aprobaré cualquier decisión que salga del Parlamento", indicó.
CNN también informó que el presidente dijo que Turquía presentará dentro de días un pedido de extradición formal a Estados Unidos por Fethullah Gülen, un predicador turco al que Erdogan acusa del golpe.
| Agencias EFE, DPA y AFP |
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