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Ausol hoy no paga y el Gobierno interviene
Por su parte, el Gobierno ya anticipó que si la concesionaria del Acceso Norte (Panamericana y General Paz) entra en default, procederá a intervenirla como lo hizo en diciembre de 2008 con Transportadora de Gas del Norte, cuando ésta anunció que no pagaría una Obligación Negociable.
La intervención puede ser un dato inquietante para el accionista de Ausol, la española Abertis, porque ésta cotiza en la Bolsa de Madrid, y ese tipo de medidas suelen no ser comprendidas en el exterior. Sin embargo, desde el punto de vista práctico, no habrá cambios significativos: la concesionaria seguirá siendo la que maneje el flujo de fondos y decida cómo destinarlo.
Ausol tiene ingresos mensuales por alrededor de $ 20 millones, aunque no es de las privatizadas con tarifas congeladas. Tuvo un aumento del 15% en 2006, y en enero de este año una suba del 54% en los peajes en horario estándar y del 104% en el horario pico creado a partir de esa fecha. Estas subas exceptúan a camiones, motos y otro tipo de vehículos utilitarios que tienen los peajes congelados.
La empresa atribuyó la imposibilidad de pagar las deudas a que no se hizo todavía la revisión integral del contrato de concesión, a que en el último año en particular el peso se devaluó «por encima de las expectativas», y a una disminución del tránsito por efecto de la desaceleración económica.
Reclamo
Por otra parte, desde mediados de año, Ausol viene reclamando al Gobierno un ajuste de casi un 30% en los peajes ya aumentados en enero, para compensar una suba de costos entre el momento en que se acordaron los ajustes y la fecha en que se pusieron vigentes, y por la adecuación semestral prevista en el acuerdo transitorio de tarifas.
De todas formas, la brecha entre los ingresos y los pasivos contraídos antes de la salida de la convertibilidad no se cubriría sólo con reconocer mayores costos o con incluir a todo el tráfico en los aumentos. Ausol se endeudó con la expectativa de que sus tarifas seguirían dolarizadas e incluso subirían en dólares, y esto no podrá efectivizarse aun cuando el Gobierno pase a la revisión integral del contrato.
La intervención oficial tampoco podrá solucionar el escaso avance en nuevas obras. Cuando se anunció el ajuste en los peajes que rige desde enero, el ministro de Planificación, Julio De Vido, dijo que se destinarían alrededor de $ 400 millones para el ensanchamiento de General Paz, pero la concesionaria viene anticipando desde julio que se encuentra en una delicada situación financiera que de hecho no le dejaría excedente para invertir.
A primera vista, el Gobierno no rescindiría el contrato a una compañía como Abertis, una de las primeras con las que logró acuerdos en España. Pero el problema de la deuda, que ya fue reestructurada en 2002 y 2007, y la imposibilidad política de que los peajes sigan subiendo, podrían derivar en que a Abertis deje de interesarle el negocio en la Argentina.
Por eso, la entrada en default y la posterior intervención del Estado son sólo primeros pasos en un proceso cuyo final está abierto, y que al mismo tiempo se vincula con la relación con España y con lo que pasa dentro de ésta con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.


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