¿Avivada de empresas o una mayor confusión en el Gobierno?

Fernando Navajas

Frente a un revuelo generalizado de la sociedad por el aumento descomunal de tarifas de gas y electricidad que recibieron numerosos clientes residenciales de ingresos bajos y medios, el Gobierno salió, de manera sorprendente, a anunciar que habían detectado errores en la facturación de electricidad llevada adelante por las empresas distribuidoras y que si esos errores se comprobaban deberían corregirse, dado que el esquema originalmente puesto en marcha a fines del año pasado estaba funcionando sin problemas y así debiera seguir en el futuro. Muchos nos quedamos atónitos por esa conferencia de prensa, que lleva a pensar una de dos posibilidades. O el Gobierno piensa que los argentinos son estúpidos y que pueden ser fácilmente engañados con acusaciones o denuncias mediáticas de que el problema se debe a «avivadas» de las empresas distribuidoras, o que las autoridades están tan confundidas, técnicamente hablando, que no saben que lo que está fallando es el esquema diabólico de aumentos que se puso en práctica. Tal vez las dos cosas sean ciertas. Por un lado, ha sido moneda corriente de este Gobierno buscar siempre culpables externos a los errores de su gestión. Por otro lado, me estoy empezando a convencer de que el Gobierno sigue creyendo tozudamente que el mecanismo de segmentación por bloques de consumo que eligió para determinar los aumentos era lo correcto y que no lo iba a llevar a este desastre. Digo esto porque desde mediados de 2008, se escribieron varios artículos en este diario que alertaron que segmentar aumentos tarifarios por cantidades iba a producir errores de diseño graves. Ese intento de «comunicarse» alertando problemas fue precedido de conferencias públicas en 2006 y 2007, de un libro en 2008 y de varios papers provenientes de distintos economistas académicos. En este caso, y a diferencia de lo ocurrido con la crisis financiera internacional, podemos decir que los economistas advertimos -a partir de estudios y resultados de investigación serios y confiables- que las cosas iban a salir muy mal para el Gobierno.

Vamos primero a la probabilidad de que los aumentos exorbitantes que estamos viendo por los medios hayan sido una «avivada» de las empresas, hecho que éstas salieron rápidamente a desmentir durante el fin de semana. Cualquiera que conozca cómo se determinan las facturas de electricidad a partir de los cuadros tarifarios aprobados previamente por el ENRE sabe perfectamente que las facturas que reciben los hogares resultan de programas computacionales de aplicación estricta de los cuadros autorizados y que podrán existir errores pequeños, pero nunca aumentos de hasta el 700% como los que se han verificado. Si una empresa fuera a tratar de mandarse una avivada y pasar tarifas más altas que las permitidas, posiblemente lo haría a través de modificaciones imperceptibles. ¿Usted cree que lo haría con aumentos descomunales que lo dejan expuesto? El argumento del Gobierno no respeta la más mínima lógica elemental en este aspecto. Las facturas que han venido llegando y que yo he observado en numerosos casos son fáciles de auditar y evaluar para un especialista y responden estrictamente a los mecanismos de aumentos decretados por el Gobierno y a un invierno crudo, que corrió hacia arriba todos los consumos hacia escalones de aumentos mayores y activó además las penalidades del PUREE. El problema es que la gente no puede entender bien lo sucedido porque estuvo mal informada y engañada por la propaganda que le decía que se quedara tranquila porque el aumento iba a ser para los pudientes. Las cámaras de televisión mostraron a mucha gente común agarrándose la cabeza y se encargaron de destruir esta falacia.

Vamos ahora al meollo de la cuestión. Si los errores no están en los mecanismos de facturación de las empresas, ¿dónde están los verdaderos errores? La respuesta debe buscarse en los errores de diseño, esos que el Gobierno no quiere reconocer. El error fundamental se encuentra en la obstinada y errónea creencia de que los consumos de electricidad de los hogares se correlacionan bien con los niveles de ingreso de las familias. Más bien, la evidencia disponible dice que esto no es así según se documenta en una extensa literatura técnica recientemente aplicada en un libro escrito por economistas de FIEL y profesores universitarios. La razón básica para que el consumo no se relacione bien con el ingreso es que el consumo de electricidad depende de características socio-económicas tales como el tamaño de los hogares y su equipamiento. En algunos casos mostrados por los medios, familias de clase media baja tienen consumos altos porque son numerosas o tienen familiares viviendo con ellos. En el otro extremo, parejas bien acomodadas viviendo en el lujo de Puerto Madero no se enteran de los aumentos.

El Gobierno dice que estos ejemplos son raros y en cambio postula su «verdad revelada» sin haber provisto a partir de datos confiables ninguna prueba empírica que valide lo que afirma. Peor todavía, ignora resultados publicados en otros países y la Argentina que indican que las cosas funcionan de otro modo. Estos resultados, basados en extensas bases de microdatos de miles de hogares, han mostrado que el consumo promedio no sube igual que el ingreso de los hogares porque para cada decil de la distribución del ingreso existe una gran dispersión, bastante similar, de hogares que consumen «mucha» o «poca» electricidad independientemente de su nivel de ingreso. Los hogares que califican para entrar en los consumos con aumentos importantes (mayores a 1000 Kwh bimestre) aparecen entonces a lo largo de la distribución del ingreso y lo mismo ocurre con los que no van a recibir aumento alguno. Es decir, se alertó que iban a aparecer muchas familias de bajos ingresos que iban recibir aumentos muy elevados. Y muchas familias de ingresos medio-alto y alto que podían evitar los aumentos. Esta particularidad de comportamiento del consumo lleva, en la jerga de la especialidad que mide estos problemas, a «errores» de diseño que se denominan errores de «exclusión» (porque los pobres o familias de clase media baja no son incluidos en los subsidios) y errores de «inclusión» (porque muchos ricos y clase media alta va a estar erróneamente incluida en los subsidios).

En resumen, los verdaderos errores que el Gobierno debería reconocer son estos errores de diseño de las estructuras tarifarias, sumados al error de haber dejado activo el PUREE sin condicionarlo a la crudeza del invierno y también al error de no haber discutido, explicado y transparentado adecuadamente los eventuales aumentos tarifarios que iban a ocurrir. Conocer y corregir estos errores ayudaría mucho a diseñar una salida más ordenada y pausada del problema grave que varios años de populismo tarifario, con mayúsculas, le han dejado como legado a la sociedad argentina.