Ayala se presentó en juzgado y alegó “transparencia”

La diputada nacional Aída Ayala (UCR-Cambiemos) se presentó ayer ante el Juzgado Federal de Resistencia para interiorizarse sobre la causa que la investiga por los presuntos delitos de lavado de dinero, evasión tributaria, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito durante su gestión al frente de la intendencia de la capital chaqueña, y por la cual el fiscal federal de esa ciudad, Patricio Sabadini, pidió el pasado jueves su desafuero y detención.

En reacción frente a la solicitud de Sabadini, la jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger, libró el pasado viernes un oficio al Congreso nacional en pos de "la quita de la impunidad de detención" de la legisladora radical.

Según trascendió de fuentes judiciales, la magistrada le tomaría hoy a las 8 declaración indagatoria a Ayala.

"Decidí, como es una norma de conducta en mi vida, venir a presentarme ante la Justicia; vengo a tomar conocimiento de la causa, a saber de qué se me acusa y con qué pruebas lo hacen", señaló la legisladora nacional, además de ratificar que asistirá "todas las veces que sean necesarias, cuando la Justicia lo requiera".

"Estoy tranquila, todos me conocen, saben que soy una servidora pública; los únicos bienes que yo tengo son la honestidad y mi familia, y la verdad siempre va a triunfar", enfatizó, tras recordar que "siempre hizo de la transparencia su modo de hacer política".

La causa investiga la contratación -suscripta en 2014- de la empresa PIMP SA, que presta servicios de recolección de residuos en la capital chaqueña.

En paralelo al sacudón en Cambiemos, también el PJ chaqueño enfrenta tiempos duros por la lupa de la Justicia sobre la administración del gobernador peronista Domingo Peppo, lo que derivó ya en la detención de varios funcionarios provinciales, entre ellos el exsecretario general de la Gobernación, Horacio Rey.

El propio Peppo está en la mira judicial (podría haber novedades de peso en las próximas horas), en una causa que analiza supuestas irregularidades en el uso de fondos nacionales para la construcción de viviendas, en un período que incluye el tramo de su gestión al frente del Instituto Provincial de la Vivienda.

Ayer, en tanto, movimientos sociales exigieron al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, que "cese con las violaciones a las libertades públicas" en la provincia, mediante una carta entregada en la Casa de esa provincia en la Ciudad de Buenos Aires, y tras el pedido de detención contra el exgobernador Eduardo Fellner.

Tras una multitudinaria marcha que llegó hasta la Casa de Jujuy, en el centro porteño, encabezada por referentes de "los Cayetanos" -así llamados porque levantan la agenda del papa Francisco- y, entre otros, Hugo "Cachorro" Godoy, de ATE Nacional, los organizadores dejaron una carta para el gobernador jujeño.

En la misiva los movimientos populares criticaron que la provincia, en lugar de dialoga, reprimió el reclamo salarial de los estatales y docentes el pasado 4 de abril y mencionaron el posterior agravamiento de la situación con la detención, que calificaron de ilegal, de dirigentes de varias organizaciones.