"Estamos saldando una deuda que teníamos con los trabajadores y trabajadoras de Chile", dijo Bachelet al firmar el texto de reforma laboral que modifica el código del trabajo creado hace 35 años por el dictador Augusto Pinochet, en otra de las acciones de sesgo distributivo de su segundo mandato.
El proyecto impide el reemplazo de trabajadores en huelga, consagrado en la legislación de la dictadura y que en la práctica limitaba al extremo el derecho de huelga. También restituye la negociación colectiva interempresas.
"En una sociedad democrática, el crecimiento y la equidad tienen que ir de la mano para asegurar un futuro de prosperidad", aseveró la mandataria en La Moneda. La propuesta, que comenzará a ser debatida en el Congreso desde el 5 de enero, busca "remuneraciones justas y respeto a los derechos laborales", agregó.
La iniciativa del Gobierno es fuertemente resistida por el empresariado y cuenta con el beneplácito de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la mayor central sindical del país, que lo ve como "un primer paso".
"Tenemos serias y profundas discrepancias", afirmó el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Andrés Santa Cruz. La iniciativa "no va por el camino correcto en orden a que no se preocupa de los problemas de todos los trabajadores. Sólo está preocupada de ver cómo le damos más atribuciones y más espacios a la dirigencia sindical", criticó.
En esta línea, el diputado de la derechista Unión Demócrata Independiente (UDI), Patricio Melero, señaló: "Ésta, más que una reforma laboral, es una reforma sindical, que deja fuera a los que no tienen trabajo. Si la Nueva Mayoría (oficialismo) quiere aprobar esta reforma a su pinta, entonces que se junten ellos y la aprueben; si quieren otras visiones, ahí van a encontrar las razones por las que la reforma no transita por buen camino".
La presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, opinó, en cambio: "Estamos dando un tremendo paso para avanzar en justicia social". "Esperamos décadas por recuperar el derecho a huelga, sin reemplazos", agregó.
La reforma planteada por la socialista Bachelet establece que los beneficios obtenidos en la negociación sindical serán sólo para los trabajadores afiliados a los sindicatos, quienes tendrán libertad de afiliación.
Garantiza también el derecho de los sindicatos a conocer la información financiera de las empresas y amplía las horas de trabajo sindical para capacitación y formación, entre otros puntos.
La dictadura de Pinochet (1973-1990) clausuró la CUT y persiguió, torturó, exilió y asesinó a cientos de dirigentes sindicales. Como consecuencia, la tasa actual de sindicalización en Chile bordea el 14%, una de las más bajas de América Latina.
La reforma laboral forma parte de un paquete de iniciativas que Bachelet planteó para su segundo mandato iniciado en marzo pasado.
Ya fue aprobada una reforma tributaria que, cuando esté plenamente operativa, recaudará unos 8.300 millones de dólares al año para destinarlos a educación y otras iniciativas sociales.
En plena discusión en el Congreso se encuentra una robusta reforma educativa que busca acabar con otra herencia de la dictadura, que privatizó la mayor parte de la educación escolar y universitaria en Chile.
| Agencias AFP, Reuters, DPA, ANSA y EFE |
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