Bajo fuerte presión política, Rousseff, que está en Brisbane para la cumbre del Grupo de los 20, rescató que es durante su Gobierno que un caso de tal magnitud es investigado con independencia por la Justicia y la Policía Federal
"Hay ahí una diferencia sustantiva y creo que esto puede de hecho cambiar el país para siempre. ¿En qué sentido? En el sentido de que se va a terminar con la impunidad", aseguró en una conferencia de prensa.
No se trata del primer escándalo de la historia de Brasil, enfatizó, pero sí "el primer escándalo de nuestra historia que es investigado". "El hecho de que lo estemos investigando de manera absolutamente abierta es una diferencia inmensa", agregó.
"Queremos un país capaz de investigar y castigar a los culpables", zanjó.
"Brasil no va a temblar por un escándalo" porque es una democracia consolidada, añadió la mandataria socialista en respuesta a quienes advierten sobre una crisis institucional en el país.
En cuanto a las manifestaciones, por ahora de pocos miles de personas, que se registraron el sábado en algunas ciudades, dijo no estar de acuerdo con "el tenor" de éstas, pero "no tiene nada ni a favor ni en contra" del derecho a la manifestación en sí ni siquiera alguna que reivindique la vuelta de un golpe.
"Somos un país democrático. Entender eso es entender que forma parte de nuestra historia tolerar las manifestaciones más extremas", como ocurre en países democráticos.
"Somos una democracia consolidada, no es un país que llegó ayer a la democracia", apostilló en referencia al reclamo de una asonada militar de la que se hizo eco aproximadamente la mitad de los asistentes a la marcha en San Pablo, 5.000 de unas 10.000 personas. Las restantes, aunque pidieron juicio político contra la madataria, tomaron clara distancia de las proclamas golpistas.
El caso se refiere al incremento doloso de los costos en obras y contratos vinculados con Petrobras con el fin de alimentar una red de sobornos a políticos y partidos, particularmente de la base oficialista, según las investigaciones.
La operación "Lava Jato" ("limpieza a chorro") se inició en marzo y a raíz de ella fueron arrestados varios directivos de Petrobras y de las mayores constructoras privadas de Brasil.
Según las investigaciones, la red de corrupción movió entre 2006 y 2014 unos 10.000 millones de reales (unos 3.850 millones de dólares) en sobrefacturación de obras y contratos de Petrobras. En ese lapso, Rousseff pasó de jefa de gabinete y presidenta del Consejo de Administración de Petrobras a presidenta de Brasil, por lo que su situación política es sumamente incómoda (ver nota en página 18).
El último viernes, la Policía Federal desencadenó la mayor redada dentro del caso, en la que fueron arrestados el director de Servicios de Petrobras, Renato Duque, y 23 ejecutivos, entre ellos los presidentes de tres grandes constructoras.
Entre las empresas de construcción a las que pertenecen los directivos arrestados figuran las importantes OAS, Camargo Correa, Queiroz Galvao y Engevix.
Los sospechosos, cuyos pedidos de excarcelación resultaron denegados, fueron interrogados el sábado y sus declaraciones se extenderán hasta mañana.
Pese al impacto de los arrestos y allanamientos, Rousseff dijo ayer que "no hay que demonizar" a las constructoras brasileñas y abogó por restringir la responsabilidad a los individuos que corrompieron a terceros o fueron corrompidos. Asimismo, aseguró que la mayor parte de los ejecutivos de Petrobras son personas honestas.
Parte de las investigaciones se basan en declaraciones del exdirector de Abastecimiento de la empresa Paulo Roberto Costa, arrestado al comienzo de la operación y quien aceptó colaborar con la Justicia en el marco de la llamada "delación premiada" a cambio de una reducción de pena.
Según las declaraciones de Costa, el 3% de todos los contratos del área de Abastecimiento se dedicaba a financiar ilegalmente a partidos políticos oficialistas, y un tercio de ese monto era girado directamente en coimas dentro del gobernante Partido de los Trabajadores.
Costa, actualmente en prisión domiciliaria, denunció un esquema de pago de sobornos a más de 50 legisladores (incluidos los presidentes de ambas cámaras del Congreso), gobernadores, al ministro de Energía, del Partido de los Trabajadores (en el poder desde 2003), y de dos partidos de la coalición gobernante, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB, centro) y el Partido Progresista (PP, centro).
El ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, condenó el sábado que la oposición intentara utilizar el caso para "construir una tercera vuelta electoral" para terminar con el Gobierno.
El candidato presidencial derrotado en las elecciones de octubre, Aécio Neves, le respondió a Cardozo a través de un comunicado en el que se refirió a la crisis en Petrobras como "el mayor escándalo de corrupción de la historia del País".
| Agencias Reuters, AFP, DPA, EFE |
y Brasil247, y Ámbito Financiero
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