• COMODORO PY MIRA CON ATENCIÓN EL CONCURSO PARA CUBRIR VACANTE EN LA SALA I Estratégica terna que define lugar en la Cámara Federal. Pulseada con la “Superliga”, que se robustece y podría definir nuevas designaciones con aval de la Casa Rosada. Freiler, nuevamente en la mira de Consejo.
Tres jueces se disputarán la vacante de un cargo clave para la Justicia federal. El avance del concurso para la Sala I de la Cámara Federal porteña es mirado con atención desde Comodoro Py por las implicancias que tiene la cobertura de un puesto definitorio en uno de los tribunales más influyentes a nivel político. La terna única surgida del concurso N° 282 propuso en primer lugar al juez en lo Contencioso Administrativo Federal, Esteban Carlos Furnari, secundado por Santiago Ricardo Carrillo, y seguido de la también magistrada en lo contencioso de primera instancia Liliana Heiland. Uno de ellos pasará a integrar la misma sala en la que hoy se desempeñan los camaristas Eduardo Freiler -a quien el Gobierno continúa apuntando los cañones en pos de una vacante más- y Jorge Ballestero. La posibilidad o no de lograr un espacio más en ese estratégico tribunal de apelaciones marcará el ritmo de avance del proceso de selección, que ayer tenía en el Consejo de la Magistratura la instancia de audiencia pública.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
La formación de la terna que será elevada al Poder Ejecutivo y su elección para que el pliego sea discutido en el Senado también señalará una pulseada en lo político con la "Superliga" de jueces federales. Una de las bases de sustentación del nuevo club de los jueces más poderosos del país es precisamente el fuero Contencioso Administrativo Federal, que revisa la legalidad de disposiciones emanadas de cualquiera de los tres poderes del Estado y cuya relación con la Casa Rosada termina siendo garante de gobernabilidad. Hasta ahora, Cambiemos no ha tenido grandes altercados y las cuestiones sensibles quedaron diferidas en el tiempo, sin resoluciones adversas. Dos de los candidatos reportan a esos tribunales, cuyo hombre fuerte es el camarista Sergio Fernández.
La terna cuyo resultado depositará a un habitante más en Comodoro Py llega acompañada de la definición para la cobertura de uno de los 12 juzgados criminales y correccionales federales de primera instancia que permanece vacante desde la salida de Norberto Oyarbide, con jubilación forzosa ante el escenario de un juicio político. La subrogancia hoy está a cargo de Marcelo Martínez De Giorgi, que se encarga también -como titular- del juzgado N°8. Pero aunque un concurso está en marcha para esa vacante, el nombre de Juan Rodríguez Ponte suena como número puesto para obtener esa titularidad. Sería otro triunfo de la "Superliga". Rodríguez Ponte fue exsecretario de Ariel Lijo (factótum de la Asociación de Jueces Federales, AjuFe) y desembarcó como titular de la director ejecutivo de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial, nueva denominación de la exObservaciones Judiciales, encargada de las escuchas telefónicas legales. La Casa Rosada prestaría su aval para que el elegido sea Rodríguez Ponte, quien fue nombrado a instancias de Martín Irurzun, presidente de la Cámara Federal y de estrecha relación con Ricardo Lorenzetti, el titular de la Corte Suprema de Justicia. Ese eje ha adquirido cada vez mayor poder dentro de los tribunales federales, con competencias investigativas acaparadas por la Dirección de Delitos Complejos y Crimen Organizado.
Furnari, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N°2 resolvió suspender designaciones y traslados de fiscales designados por la Procuradora General Alejandra Gils Carbó. Fue uno de los magistrados que detuvo la elección popular de consejeros de la Magistratura intentada por el kirchnerismo, tras declarar su inconstitucionalidad. Tampoco avaló una cautelar que detenga el traspaso del juego a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires. Heiland, ocupa el Juzgado N°10 de ese fuero y apenas asumió el Gobierno suspendió a través de una cautelar el decreto de la expresidenta Cristina de Kirchner por el cual le devolvió a todas las provincias el 15% de los impuestos coparticipables. En tanto que Carrillo -además de haber tenido experiencia como secretario, oficial mayor y prosecretario administrativo- se desempeñaba como relator letrado de uno de los ministros de la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires.
Ese movimiento ocurrió cuando ayer el Consejo redobló su embestida contra Freiler vía la Comisión de Acusación. Decidió aceptar la denuncia por la presunta compra de un vehículos con cheques de terceros y se aplicó el procedimiento según el artículo 11, lo que indica que será notificado y deberá defenderse de la nueva acusación con la que el oficialismo busca suspenderlo y enviarlo a jury.
Dejá tu comentario