Bonafini, en default: obreros reclamaron sueldos por casas

Hebe de Bonafini

Trabajadores de la construcción que se desempeñan en las obras que realiza la Fundación Madres de Plaza de Mayo cortaron ayer por siete horas la avenida General Paz, a la altura de la Riccheri, en protesta por el atraso en el pago de sus salarios. La manifestación, en el barrio de Lugano, se trasladó por la tarde a un complejo habitacional a cargo de la misma entidad sobre la calle Castañares. La protesta coincide con varias causas judiciales en torno del destino de los fondos públicos aplicados a esas obras y su manejo por parte de Sergio Schoklender, exapoderado de Madres.

Los obreros contratados cortaron la General Paz desde las 9 y hasta pasadas las 16. Alegaron que no habían percibido sus sueldos de junio y el medio aguinaldo correspondiente. Pusieron fin a la interrupción del tránsito luego de una reunión que mantuvieron con el subsecretario de Obras Públicas del Gobierno nacional, Abel Fatala, quien les garantizó el depósito de la deuda salarial. Los fondos corresponden al pago de los certificados de obra y el funcionario atribuyó la demora a los huecos contables que dejó Schoklender tras su salida de la fundación,

El momento de mayor tensión se produjo cuando habían pasado más de seis horas de corte, a las 15.30, con el arribo de personal de la Gendarmería nacional. El personal de la fuerza llevaba consigo una orden judicial para despejar la autovía, una de las principales que une la Capital Federal con el conurbano bonaerense.

Los trabajadores se dirigieron a los móviles de televisión para reclamar la presencia en el lugar de la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, y de funcionarios del Gobierno nacional que les asegurasen el pago de los sueldos y la continuidad de las obras, otra de sus preocupaciones.

Entre los reclamos que enunciaron figuraba una supuesta paralización de las obras y falta de materiales de construcción desde hace por lo menos dos meses, cuando estalló el escándalo judicial. También, aparentes despidos entre los obreros y la supuesta falta de pago de los aportes jubilatorios. En los Tribunales federales, los jueces Norberto Oyarbide y Marcelo Martínez de Giorgi instruyen sendas denuncias: en el primer caso por el posible desvío de fondos públicos por parte de Sergio Schoklender, y en el otro a partir de supuestas irregularidades en la contratación de las obras. Además del exapoderado, la causa que lleva adelante Martínez de Giorgi tiene como imputados a Bonafini, al jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y al ministro de Planificación, Julio De Vido.

Tras el planteo de desalojo por parte de la Gendarmería -que contó con el apoyo de personal de la Policía Federal- y el diálogo con Fatala, los manifestantes levantaron el corte y llevaron la protesta al barrio de edificaciones en Castañares. En ese lugar la misión Sueños Compartidos, que lleva adelante la Fundación Madres, impulsó la edificación de centenares de viviendas y la contratación de alrededor de 700 obreros.