Bono atado a ganancias en Bridgestone: Alberto lo quiere nacionalizar

Fábrica de neumáticos pagará $730 mil a cada operario por el resultado del último año. Alberto le dijo a la CTA que quiere debatir reparto de ganancias.

Hugo Yasky

La novedad de que la fábrica de neumáticos Bridgestone pagará un bono de $730 mil a cada operario en concepto de participación en las ganancias reavivó un debate vigente en algunas líneas del oficialismo: la posible generalización de ese beneficio para todos los trabajadores en cumplimiento de la letra del artículo 14 bis de la Constitución que lo consagra. En ese sentido, este diario pudo confirmar que a falta de otros promotores en el Ejecutivo el propio Alberto Fernández les hizo saber a sindicalistas que promociona una iniciativa de esas características. Pese a integrar la Carta Magna el derecho es una excepción en el mercado laboral argentino contemplado sólo en contadas empresas y apenas un convenio colectivo de alcance nacional.

El mandatario se lo dijo a la cúpula de la CTA de los Trabajadores antes de fin de año: “deberían hacer como La Bancaria y poner la participación en las ganancias en las negociaciones”. Lo escuchaban en la Casa Rosada Hugo Yasky, Roberto Baradel y Claudio Marín, entre unos pocos dirigentes más de la central. Alberto aludió así al gremio que lidera Sergio Palazzo, el único que logró plasmar en su convenio un pago prorrateado a lo largo del año en función del resultado positivo que eventualmente hubiera obtenido el sistema financiero.

La sugerencia de Alberto a la CTA tuvo como respuesta de los dirigentes que para cristalizar la participación en las ganancias el propio Gobierno debería impulsar una ley marco para ordenar su inclusión en los convenios colectivos de trabajo.

La iniciativa recobró vigor ayer tras conocerse que los operarios de Bridgestone cobrarán antes de fin de mes 365 mil pesos y en mayo otro tanto por la aplicación de un ítem incorporado al convenio en 2001 y que sólo rigió en seis oportunidades desde entonces. Aquel punto fue negociado por la entonces conducción del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (Sutna) como compensación por una rebaja de 15% en los sueldos y una oleada de despidos en medio de la crisis económica y social sin precedentes de ese año. El beneficio fue firmado por Pedro Wasiejko, extitular del Sutna y actual presidente de Astillero Río Santiago. En la actualidad el gremio está encabezado por su sucesor, Alejandro Crespo.

La participación obrera en las ganancias empresarias llegó a convertirse en una bandera del peronismo en el último tramo del gobierno de Cristina de Kirchner. La enarboló en particular el abogado y entonces diputado Héctor Recalde, expresidente de la Comisión de Legislación Laboral de la Cámara baja. Lo hizo en al menos tres oportunidades hasta que cerca de la propia Cristina le dieron de baja la iniciativa. Lo más cerca que estuvo de cristalizarse fue a fines de 2015, antes de la asunción de Mauricio Macri, cuando dentro de un paquete de leyes Diputados aprobó la participación en las ganancias de los trabajadores de las compañías telefónicas, un proyecto que naufragó cuando sus impulsores quisieron llevarlo al Senado ya en tiempos de Cambiemos.

En el Ministerio de Trabajo no hay proyecto alguno en estudio sobre la materia. Las pocas veces que el tema escaló en la agenda pública fue rechazado de plano por las cámaras empresarias por incluir el análisis de los libros contables de las compañías para plasmar el beneficio. Y pese a lo taxativo de la letra constitucional: “El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial”.

Al igual que otros textos constitucionales ese apartado fue en la Argentina históricamente letra muerta con muy pocas excepciones. Los abogados laboralistas más veteranos recuerdan el “laudo gastronómico” del primer gobierno de Juan Perón que consagraba el pago de un porcentaje de la facturación para todos los trabajadores, diferenciado de la propina de los restaurantes. Aquel beneficio sólo rigió en el primer y segundo peronismo y fue derogado por las dictaduras que sucedieron a ambas administraciones, respectivamente. Por lo demás, sólo en algunas compañías rige un pago extraordinario atado al resultado contable. En el gremio metalúrgico destacan, por caso, que en Siderar se cobrará en los próximos días un Premio Resultado Positivo (PRP) gracias al buen desempeño de la actividad el año pasado.