La ministra de Trabajo, Raquel “Kelly” Olmos, dio nuevos detalles del bono de $60.000 en dos cuotas para trabajadores registrados que anunció el domingo el ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa. Entre las principales novedades, se destaca un nuevo límite de acceso al dólar ahorro: quienes perciban la “suma fija” no podrán dolarizarse en el mercado oficial. Además, dijo que las empresas que no paguen serán multadas.
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Bono: limitan el acceso al dólar ahorro y multarán a las empresas que no paguen
Luego de los cuestionamientos de algunas cámaras, “Kelly” Olmos dijo que las firmas que no abonen los $60.000 a sus trabajadores serán sancionadas.
Olmos afirmó que quienes cobren el bono quedarán excluidos de la posibilidad de comprar dólar oficial. En un principio, se interpretó que también se les impediría el acceso al MEP, sin embargo, el titular de la Comisión Nacional de Valores, Sebastián Negri, aclaró que no hay ninguna decisión en ese sentido.
Aún resta saber si serán todos los trabajadores que perciban los dos pagos de $30.000 los que quedarán sin acceso al dólar ahorro o sólo los que dependan de micropymes y pequeñas empresas, en donde el Estado dará asistencia para afrontar el bono. Con todo, el grueso ya está excluido de ese mercado por otras razones (por ejemplo, por mantener subsidios a la energía).
En declaraciones radiales, la ministra indicó que habrá penalidades para las compañías que no otorguen el bono, el cual le corresponde a quienes tienen salarios de hasta $400.000 netos (alrededor de $481.000 brutos, dependiendo de los descuentos) al mes de agosto. “Si no pagan, tienen una infracción. Van a tener que pagarlo y, encima, una multa”, advirtió la funcionaria, que aseguró que se apoyarán en los gremios para la fiscalización.
La advertencia oficial llega luego de que algunas cámaras empresarias, como la CAC y la CAME, salieran a cuestionar la medida. Olmos destacó el rol que tendrán los sindicatos para detectar las faltas de los empleadores. “Debemos tener el acompañamiento de los gremios para identificar aquellas empresas que no paguen o el trabajador tiene canales anónimos para la denuncia. Ahí actúa la fiscalización”, apuntó.
“La idea es poder compensar el salto inflacionario por la devaluación no deseada pero impuesta por el FMI”, recalcó. En ese marco, detalló que “en las microempresas, emprendimientos de hasta 10 trabajadores, el Estado asume el 100% del costo; en pymes de hasta 110 o 120 trabajadores, concurre con el 50% del costo; y en las medianas y grandes, deben absorberlo ellas”.
En tanto, algunos intendentes opositores salieron a plantear dificultades para afrontar el pago. Tal el caso del alcalde de Rauch, Maximiliano Suescún (UCR), que dijo estar de acuerdo con el bono, pero consideró que Nación debería otorgar “recursos extraordinarios”. En tanto, el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk (UP), consideró que “las cuentas de los municipios están bien, en un contexto económico complejo”.


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