El presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, afirmó ayer que la votación de las cuentas relativas al ejercicio fiscal 2014 se realizará previsiblemente el año próximo y recalcó que "no hay plazo" para concluir las deliberaciones.
La aprobación o el rechazo de las cuentas públicas es una atribución exclusiva del Legislativo, aunque el Gobierno sufrió un revés con la decisión del Tribunal de Cuentas de recomendar al Parlamento que vote en contra.
La situación podría enrevesarse más aun por la propia situación de Cunha, acusado por la Justicia de Suiza de haber tenido allí cuatro cuentas en negro, dos de las cuales permanecieron activas con depósitos por 2,5 millones de dólares al aprecer provenientes de la trama de corrupción en Petrobras. Una treintena de diputados está pidiendo la remoción del jefe del cuerpo, lo que agrega mucho ruido político.
El Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), principal fuerza de la oposición, consideró que el rechazo a las cuentas del Gobierno "abre el camino" para impulsar un proceso de destitución de Rousseff.
Para los opositores, el dictamen del Tribunal de Cuentas prueba que Rousseff incurrió en un "delito de responsabilidad", que es lo que establece la Constitución para iniciar un juicio político con miras a la destitución del jefe de Estado.
El Tribunal de Cuentas halló el miércoles indicios de irregularidades en quince puntos de las cuentas públicas de 2014, entre ellos la omisión de deudas millonarias y la realización de maniobras para maquillar la dimensión del déficit fiscal.
El informe del TCU, que suma 2.000 páginas, señala que el Gobierno omitió de su balance el cálculo de deudas que suman 106.000 millones de reales (27.300 millones de dólares al cambio actual).
La oposición consideró que la política de fuerte gasto público resultante de las "pedaladas" fiscales tenía como único objetivo mejorar la imagen de Rousseff de cara a las elecciones de octubre de 2014.
Después de conocer la decisión del Tribunal de Cuentas, el Gobierno defendió por medio de un comunicado la "absoluta legalidad" de sus balances.
En medio de un clima caldeado, Rousseff convocó ayer a la tarde a una reunión de gabinete de emergencia en la que reclamó a sus ministros unidad y un fuerte trabajo para poder instalar una agenda positiva que diluya en algo la crisis institucional.
Mientras, en nombre del Gobierno, el abogado general de la Unión, Luis Inácio Adams, afirmó que el TCU procedió con parcialidad e intencionalidad política porque, sostuvo, "el debate extrapoló lo técnico" y forzó "artificialmente" el parecer contra la mandataria.
Según el representante legal del Poder Ejecutivo "las conclusiones del TCU" al fallar contra Dilma propiciaron "un movimiento de casación electoral" pero a pesar del traspié sufrido por el Gobierno "el partido no terminó.
| Agencias EFE, ANSA y Brasil247; y Ámbito Financiero |
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