Buenos Aires: habrá juicios por jurados en delitos graves

• La Legislatura convirtió ayer en ley el sistema, que ya se aplica en Córdoba.• Aún no definen fecha de implementación.

La sesión en la que se aprobó el proyecto impulsado por el gobernador Daniel Scioli se realizó sin la presencia del bloque del massismo, que abandonó el recinto porque no se trató la iniciativa de policía municipal.

Buenos Aires - En medio de una campaña electoral con el foco puesto -tras las primarias- en la inseguridad, la Cámara de Senadores bonaerense convirtió ayer en ley el proyecto impulsado por el gobernador justicialista Daniel Scioli que instaura el sistema del juicio por jurados en la provincia para delitos cuya pena exceda los 15 años de prisión.

Así, doce personas sin formación jurídica -el jurado popular clásico, conformado únicamente por ciudadanos comunes- deberán decidir la inocencia o culpabilidad del acusado, mientras que el juez -que ejercerá la dirección del debate pero no intervendrá en el dictado del veredicto- será el encargado de fijar la pena.

En el Gobierno bonaerense estiman que el nuevo mecanismo de jurados populares -que se aplica en Córdoba desde 2005, aunque con diferencias (ver aparte)- podría entrar en vigencia el próximo año.

Sin embargo, su reglamentación y la adecuación al enmarañado sistema judicial bonaerense terminarían demorando la puesta en marcha del sistema.

La norma contó con el apoyo de todas las fuerzas salvo el massista Frente Renovador -se retiró del recinto al no lograr imponer su proyecto de policía municipal- y Unión PRO-Peronista.

Se trata de una jugada fuerte de Scioli, que arrastraba pesadamente desde diciembre pasado una media sanción en Diputados, y cuya aprobación se había frustrado hace dos semanas por escaramuzas dentro de la interna peronista.

Ahora, de la mano de la reverdecida sintonía entre el sciolismo y la Casa Rosada tras el encolumnamiento detrás de la postulación de Martín Insaurralde al Congreso, la iniciativa logró ser finalmente sancionada.

El propio vicegobernador ultrakirchnerista Gabriel Mariotto había anticipado el aval del FpV.

Incidió fuerte además la necesidad de mostrar señales claras a la ciudadanía en materia de lucha contra el delito, luego del traspié que sufrió en las primarias del pasado 11 de agosto, cuando el massismo se impuso a Insaurralde, el candidato de Balcarce 50 por 35,05% contra 29,65% de los sufragios del FpV.

El revés instaló con fuerza el flagelo de la inseguridad como eje fuerte de debate en la campaña, con duros cruces entre los dirigentes.

Ayer ese escenario se trasladó a un recinto donde el FpV ya no cuenta con quórum propio -aunque sí es la primera minoría- por el éxodo de un grupo de legisladores a las filas renovadoras, que se convirtieron en la segunda minoría.

Por lo pronto, la flamante norma apunta a instaurar un sistema que funciona en Estados Unidos, Inglaterra, Austria, España y Rusia, entre otros países.

La iniciativa estipula la conformación de un jurado compuesto por doce ciudadanos titulares y seis suplentes sin formación jurídica, que serán elegidos por sorteo del padrón electoral y recibirán instrucciones de un juez, quien les indicará el encuadre jurídico de la cuestión por resolver.

Tras el debate de rigor, el jurado decidirá en torno a la inocencia o la culpabilidad del ciudadano sometido a proceso en casos de homicidios, violaciones, secuestros, robos agravados y asociaciones ilícitas agravadas, entre otros delitos graves.

Si el veredicto es por la inocencia, el imputado será liberado, mientras que si es declarado culpable, el juez definirá la pena.

La letra chica contempla, además, que el veredicto de culpabilidad requerirá como mínimo de diez votos afirmativos sobre las cuestiones planteadas, y que si el delito por el que fuera calificado legalmente el hecho en que se sustenta la acusación tuviera prevista pena de prisión o reclusión perpetua se requerirá unanimidad de votos afirmativos.

Para ser miembro de un jurado se deberá ser argentino nativo o naturalizado sin formación jurídica con no menos de cinco años de ciudadanía, tener entre 21 y 75 años, entender el idioma nacional y gozar de aptitud física y psíquica suficientes para el desempeño del cargo.

La junta electoral de la provincia confeccionará anualmente, por sorteo en audiencia pública, los listados principales de ciudadanos que cumplen con esos requisitos, discriminados por departamento judicial y por sexo, a razón de un jurado por cada mil electores empadronados.

"Es fundacional en lo que hace a la relación y el acercamiento de la Justicia con la ciudadanía. Es necesario que la ciudadanía comprenda cómo funciona la Justicia y ser parte de ese funcionamiento", remarcó días atrás el ministro de Justicia, Ricardo Casal, quien a principios de mes había vuelto a reclamar la sanción de la ley.

"Los juicios por jurados legitimarán y transparentarán la Justicia, y aumentarán el control ciudadano sobre el sistema penal", afirmó el diputado sciolista Iván Budassi.

"Es un paso a la democratización de la Justicia", coincidió la titular del bloque de senadores del FpV, Cristina Fioramonti.