21 de mayo 2014 - 00:00

Buenos Aires sortea hoy 11.834 jurados (cobrarán $ 580)

En el filme original de 1957, los 12 miembros del jurado deliberan en un oclusivo espacio sobre la culpabilidad la inocencia de un joven acusado de matar a su padre. El guión es tomado como ejemplo de discusión ética.
En el filme original de 1957, los 12 miembros del jurado deliberan en un oclusivo espacio sobre la culpabilidad la inocencia de un joven acusado de matar a su padre. El guión es tomado como ejemplo de discusión ética.
Buenos Aires - El Gobierno del justicialista Daniel Scioli sorteará hoy los primeros 11.834 ciudadanos bonaerenses para conformar los jurados populares con los cuales la provincia estrenará -sería a fin de año- el nuevo sistema de "juicios por jurados" sancionado en octubre pasado para caso de delitos penales graves, por impulso del mandatario.

De esta manera, avanza Buenos Aires en la implementación de una modalidad fijada por la Constitución nacional hace 160 años, que rige desde 2005 en Córdoba y que comenzó a ser aplicado también en Neuquén este año.

El sorteo será desplegado desde las 11.30 en el Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la Provincia, en La Plata, y contará con la presencia de Scioli y del ministro de Justicia provincial, Ricardo Casal.

Allí serán extraídas tres bolillas con las cuales quedarán conformados los tres últimos números de un lote de DNI. Rastreada esa terminación, surgirá una persona cada mil del padrón electoral. Quien resulte sorteado debe saber que se trata de una "carga pública", como votar. Así, la participación será obligatoria.

Hay, sin embargo, condiciones de base que debe reunir un jurado: saber leer y escribir; ser argentino nativo o naturalizado (con no menos de 5 años de ciudadanía); tener entre 21 y 75 años; ser apto física y psíquicamente; no ser funcionario público, ministro de culto religioso, autoridad de partido político, integrante de fuerzas de seguridad, abogado, escribano, funcionario o miembro del Poder Judicial y no estar condenado por delitos dolosos o procesado.

El ciudadano deberá asistir a todas las audiencias de la causa -serían dos o tres como máximo en las causas promedio- y no será necesario su aislamiento.

Pero sólo habrá una compensación económica si trabaja de forma independiente o está desempleado. En ese caso, podrá ser con la suma de dos jus (unidad arancelaria de la Justicia) diarios, con lo cual cobrará por día de función 580 pesos.

En cambio, los trabajadores en relación de dependencia no percibirán paga alguna, aunque no podrán descontarles el día de trabajo. Para el caso de que los jurados deban desplazarse largas distancias, está contemplado el pago de un viático para transporte y comida.

Dentro de los alcances del sistema, se establece que la modalidad sólo será aplicada a solicitud del acusado y en delitos con penas superiores a los 15 años, como homicidios, violaciones, lesiones graves y torturas.

Tras asistir a todas las audiencias y recibir instrucciones del juez sobre el encuadre jurídico del caso, los jurados populares -integrados por 12 ciudadanos titulares y 6 suplentes- deberán deliberar solos y definir la culpabilidad o inocencia del acusado, mientras que el magistrado fijará la pena.

El veredicto de culpabilidad requerirá al menos 10 votos, aunque si es una acusación con pena de prisión o reclusión perpetua, se requerirá la unanimidad de adhesiones. En caso de inocencia del enjuiciado, la decisión será irrevocable y no podrá ser apelada.

Por de pronto, los ciudadanos sorteados deberán responder con una declaración jurada en caso de estar dentro de los impedimentos que marca la ley. Sus nombres integrarán un padrón final que será enviado a la Suprema Corte bonaerense, que realizará en cada juicio un nuevo sorteo.

Si un miembro del jurado posee un problema para integrar el cuerpo, deberá presentar su caso al juez, que lo evaluará con "criterio restrictivo". Si le concede la excusación, será reemplazado por algún suplente sorteado.

Los jurados podrán excusarse en caso de tener relación con la persona enjuiciada, y, para garantizar imparcialidad, la defensa o la fiscalía podrán recusar a integrantes que puedan tener vínculo con el acusado.

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