Busca el Gobierno socialista abaratar los despidos

Madrid - Con la economía española sometida a una grave crisis fiscal y un desempleo del 19,5%, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero lanzó ayer una serie de propuestas para reducir el costo de las indemnizaciones por despido, que será sometida a consenso de las entidades empresariales y los sindicatos. Entre las alternativas planteadas se encuentra la posibilidad de que el Estado se haga cargo de parte de las indemnizaciones mientras dure la emergencia económica.

El Ministerio de Trabajo del Gobierno socialista plantea como contracara de un despido menos costoso para las empresas la necesidad de reducir la alta tasa de empleo temporal o eventual del mercado laboral español. «La dualidad entre trabajadores fijos y temporales constituye el problema estructural más grave de nuestro mercado de trabajo», indicó el documento conocido ayer. Otro aspecto crucial de la realidad laboral de España, que es tenida en cuenta en la propuesta, es que la desocupación entre menores de 29 años llega al 40%.

Aunque la propuesta no aclara cómo convivirían las medidas sugeridas, algunas de las cuales apenas están esbozadas, se desprenden los siguientes detalles:  

Reducción de las indemnizaciones detalladas en el Estatuto de los Trabajadores, sancionado en 1980, desde los 45 días por año trabajado hasta 33 días (26,6%). Para ello, se generalizarían las actuales excepciones contenidas en los denominados «contratos de fomento», que rigen desde 1997, con poca utilización práctica, que abaratan el despido para desempleados de más de seis meses, desocupados de hasta 31 años y mayores de 45, y mujeres que se postulen a puestos con baja inserción femenina. La indemnización vigente tiene un techo de 42 mensualidades, en tanto que el límite de la modalidad «de fomento» alcanza 24 sueldos mensuales. 

Incremento de la edad para los denominados contratos de formación para jóvenes, desde los 21 hasta los 24 años, siempre que signifique «ampliación de plantilla». Esta modalidad exime a la empresa de cargas sociales y supone que el Estado se haga cargo de financiar la etapa formativa en empresas con menos de 50 empleados.  

Modelo austríaco: el documento hace una referencia a «una fórmula que podría favorecer firmemente la creación de empleo indefinido sobre la adaptación de modelos que se han adoptado en algunos países europeos». El ejemplo de Austria, que luego cita, supone una especie de capitalización individual, que podría administrar el Estado, del 1,5% del salario mensual, Ésta debería ser abonada por la empresa y tendría carácter acumulativo, por lo que alimentaría una «bolsa» que el empleado retiraría en caso de despido (lo que evitaría la indemnización) o jubilación, pero que no perdería si se cambia de empresa. El argumento sostiene que así se favorecería «una movilidad laboral más sana».  

Exención de una parte de los costos extintivos de los despidos con carácter transitorio y excepcional. El texto aclara que no se afectarían «los derechos de los trabajadores», por lo que se interpreta que el Estado se haría cargo hasta que España salga de la aguda crisis en que se encuentra. Actualmente, el Estado asume el 40% del monto indemnizatorio de empresas en dificultades económicas con menos de 25 empleados.

En febrero pasado, el Gobierno de Zapatero había anticipado una serie de medidas que fueron consideradas «insuficientes» por sectores que militan en la racionalidad económica. Ello incluía el «modelo alemán» de reducción de jornada en caso de dificultades económicas del empleador, con una compensación a cargo del Estado para evitar la disminución del ingreso del trabajador, y la ampliación de inspecciones y penalizaciones a las empresas que abusen del empleo temporal o eventual.