Desesperación oficial por fallo adverso de la Corte

Se intensificaron llamados para intentar "torcer" argumentos de la mayoría. Casa Rosada alimentó pánico por eventual caída de Reparación Histórica (blindada) y pidió "reconsiderar" impacto político.

Luego de que Ámbito Financiero anticipara el viernes pasado el revés que la Corte Suprema le dará el martes al Gobierno en relación con el fallo previsional por el índice de cálculo de haber inicial, la tensión se apoderó en los despachos oficiales que intensificaron sus llamados al cuarto piso del Palacio de Tribunales, en un intento desesperado por revertir la mayoría asegurada para la sentencia. Entre los argumentos para intentar torcer el sentido del fallo, que validará el ISBIC por sobre el RIPTE como fórmula adecuada para los casos en los que se inició juicio al Estado, desde el Poder Ejecutivo salieron a agitar la posibilidad de que una decisión de esa naturaleza se lleve por delante el Programa de Reparación Histórica, cuyo cálculo radica en la aplicación del RIPTE para todos aquellos que acepten el reajuste bajo esa modalidad. Alertaron que podría colapsar el sistema previsional si a todos los jubilados que habían aceptado ingresar, se les aplicaba el ISBIC. Además de señalar (con pánico) el daño a las arcas fiscales que implicaría.

El nerviosismo oficial se contrastó con un nuevo mensaje que bajó de todas las secretarías letradas involucradas en la redacción de los “memos” de voto que cada uno de los jueces prepara contra reloj para el martes. No hay chance de que la Reparación Histórica se vea comprometida según la mirada jurídica. Lo blinda parte de su articulado. Sin embargo, los contactos se sucedieron durante el fin de semana también (de manera informal) con pedidos de reconsideración sobre las posturas de Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti. Carlos Rosenkrantz y Elena Highton de Nolasco guardan sus fichas hasta último momento. Highton había votado el denominado fallo “Elliff”, considerado el antecedente para el caso del jubilado Lucio Orlando Blanco que se definirá el martes por la aplicación del ISBIC, tal como solicita la demanda.

De manera elíptica e indirecta, emisarios tanto de la Jefatura de Gabinete, la Procuración Nacional del Tesoro y la propia ANSES pidieron que haya una reconsideración del cimbronazo que podría causar la sentencia. Hubo pedidos de comprensión hacia el impacto económico que generaría el pago por parte de ANSES de un stock de 150 mil juicios, como se calcula que tramitan por esta causa en distintas instancias de la justicia federal de la Seguridad Social. O que evaluaran lo que en términos políticos sería propinarle otra derrota al Gobierno que esperaba ganar esta batalla en la Corte con los argumentos presentados por las oficinas de Emilio Basavilbaso. “El número es un problema del Gobierno. Esto no es el Ministerio de Hacienda, es un tribunal”, se escuchó a uno de los ministros decir sobre el pedido de “clemencia” que intentó uno de sus interlocutores.

Ante el escenario adverso, el Ejecutivo agitó el pánico sobre la sustentabilidad de la Ley N° 27.260 de Reparación Histórica sobre un eventual aluvión de juicios de quienes habían ingresado la compensación oficial. Sin embargo, los cuadros jurídicos de la Corte respondieron internamente las consultas con el blindaje que la propia norma contiene: “ARTÍCULO 6º — Una vez homologado judicialmente, el acuerdo transaccional tendrá efecto de cosa juzgada, dándose por concluido el proceso judicial”, indica. Esto significa que los jubilados que aceptaron ingresar al programa renunciaron automáticamente a un eventual juicio por reajuste, la materia que influye sobre el fallo que se conocerá el martes al mediodía. Como reveló este diario, los votos de los ministros se redactan en un marco de hermetismo pero con una mayoría consolidada cuyo interrogante es la posición que adopte Rosenkrantz, a quienes sus pares ya la identifican plenamente con la posición de la Casa Rosada.

Gabriel Morini