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Caso de prebendas castiga a la derecha
La Justicia investiga los millonarios aportes económicos irregulares que realizaron los dueños del grupo Penta a las campañas políticas de dirigentes y parlamentarios, especialmente de la derechista UDI, en la oposición.
A fines de enero se conocieron a través de la prensa algunas declaraciones que prestaron ante el fiscal del caso los propietarios del holding y en las que revelaron que "en tiempos de campaña" reciben de políticos "cientos de llamadas y mensajes pidiendo aportes económicos".
El caso comenzó a tomar cuerpo a mediados del año pasado luego de que el gerente general del holding empresarial, el ingeniero comercial Hugo Bravo, fuera cesado en su cargo en la empresa en la que había trabajado durante más de treinta años.
Penta se deshizo de su ejecutivo tras ser denunciado ante los tribunales por el Servicio de Impuestos Internos (SII) de obtener devoluciones de tributos de forma fraudulenta de sus empresas personales.
El exejecutivo, de 69 años, demandó luego ante los tribunales laborales a los propietarios de Penta por despido injustificado y daño moral, al tiempo que les exigió una millonaria indemnización, pago que sus exempleadores rechazaron.
Tras acudir a la Justicia por su despido, Bravo, conocedor y partícipe de lo que ocurría, aprovechó la ocasión para denunciar las millonarias contribuciones ilegales que hacía Penta principalmente a las campañas políticas de la UDI, el mayor partido opositor.
El cuestionado holding empresarial, uno de los doce grupos económicos más grandes del país y propiedad de Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, tiene millonarios intereses en la banca, en seguros, en fondos de pensiones e instituciones de salud privados y en compañías inmobiliarias, entre otros.
Ambos ejecutivos, que ya fueron interrogados por la fiscalía, enfrentan cargos por delitos tributarios y sobornos.
Los imputados, que hasta ahora son diez en total, incluido Hugo Bravo, a quien también se acusa de haber tomado parte en la distribución de dinero para las campañas, se verán las caras el 4 de marzo, de acuerdo con lo establecido por un juzgado de garantías capitalino.
El escándalo cobró relevancia después de que se levantara el secreto dispuesto por la fiscalía sobre mensajes electrónicos alojados en las computadoras incautados a la empresa y en los que políticos pedían a Penta apoyo financiero para sus
campañas en los comicios de 2013.
Los chilenos pudieron leer, por ejemplo, los correos de la senadora Ena von Baer o los de los derrotados aspirantes a la Cámara Alta Laurence Golborne y Pablo Zalaquett, todos de la UDI. También aparece mencionado el exsenador Jovino Novoa, quien fue viceministro Secretario General de Gobierno durante el régimen de Augusto Pinochet y uno de los dirigentes "históricos" del partido y quien jamás pidió recursos para él, según el empresario Carlos Alberto Délano.
Novoa "concurrió a pedir aporte para campañas políticas de otros candidatos" de la UDI, dijo al fiscal el dueño de Penta cuando fue interrogado el 5 de enero.
En casi todos los casos, y pese a las evidencias, los políticos involucrados rechazaron haber solicitado o recibido aportes económicos del holding. Uno de los pocos que lo admitió fue el senador de la misma colectividad, Iván Moreira.
"Quiero reconocer mediante este acto público que el mecanismo utilizado (para recaudar fondos para la campaña) fue irregular", confesó el parlamentario en una conferencia de prensa luego de que se revelaran mensajes suyos.
Además de políticos de la UDI, también aparecen vinculados en el escándalo el economista Andrés Velasco, ministro de Finanzas en el primer gobierno de la presidenta Michelle Bachelet (2006-2010) y con aspiraciones presidenciales para los comicios de 2017, y el derrotado candidato a senador por la Democracia Cristiana, Alberto Undurraga, actual ministro de Obras Públicas en la administración de la mandataria socialista.
Ambos alegan que sus situaciones son muy distintas ya que el dinero que recibieron y las boletas emitidas corresponden a trabajos efectivamente realizados para Penta. Pese a ello, algunos dirigentes del oficialismo exigieron a Bachelet que separe a Undurraga del cargo.
Hasta ahora, las investigaciones apuntan a que uno de los mecanismos que se usaba para que el holding entregara los aportes solicitados era el de la emisión a la empresa de boletas falsas de parte de asesores o familiares del candidato por trabajos que jamás se realizaron.
Por ley, todos los aportes a las campañas deben ser contabilizados por el Servicio Electoral (SE), aunque su monto y procedencia puede quedar en secreto para los votantes. Cifras oficiales del SE indican que entre 2004 y 2013 los partidos políticos recibieron 60 millones de dólares, de los cuales casi la mitad fueron para la UDI.
Agencia DPA
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