Con mayoría absoluta en el parlamento catalán tras las elecciones regionales del 27 de septiembre, los partidos independentistas aprobarán una resolución para "declarar solemnemente el inicio del proceso de creación del Estado catalán independiente en forma de república", que se proclamaría en 2017.
El texto, contestado por toda la oposición, deberá debatirse y aprobarse a partir de las 10 de la mañana hora local con el apoyo de la transversal coalición Juntos por el Sí (62 diputados), del presidente regional conservador Artur Mas, y la izquierda anticapitalista CUP (10).
Su validez se antoja efímera ante la anunciada impugnación del Ejecutivo de Rajoy. "La inmediatez en la actuación del Gobierno será absoluta, esa misma semana se enviará el recurso al Tribunal Constitucional", advirtió el viernes su vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.
Su aceptación a trámite por parte del tribunal implicaría la suspensión automática de la resolución. El veredicto final se conocería más tarde, pero esta semana los magistrados ya dejaron entrever que, de aprobarse, sería anulada.
El movimiento de Rajoy cuenta con el beneplácito del partido socialista PSOE y del centroliberal Ciudadanos, con cuyos líderes se reunió la semana pasada para forjar un pacto antisecesión antes de embarcarse en la precampaña de las elecciones legislativas del 20 de diciembre. Sólo el partido de izquierda Podemos se desmarcó, defendiendo un referendo de autodeterminación para resolver este conflicto.
Pero la suspensión no frenará el ímpetu independentista. "El contenido de la resolución se aplicará independientemente de lo que diga el Tribunal Constitucional. Tenemos fuerza y legitimidad, aunque el Estado español se resista", afirmó el diputado de Juntos por el Sí, Pere Aragonés.
La resolución que se votará hoy afirma que "no se supeditarán a las decisiones de las instituciones del Estado español, en particular del Tribunal Constitucional".
Además, se reclama la inmediata tramitación de las leyes para crear una administración tributaria independiente y redactar la Constitución del nuevo país que debería aprobarse en referendo en 2017.
Ante tal desafío, inaudito en la democracia española, el Gobierno español aprobó recientemente una reforma del alto tribunal que le permitiría inhabilitar a aquellos dirigentes que desobedezcan sus sentencias.
Además, plantea desde hace semanas la posibilidad de suspender la autonomía catalana e incluso llegó a amenazar con cortar la financiación al Gobierno regional, que acaba de pedir 2.300 millones de euros de liquidez para afrontar pagos pendientes.
"El referendo era la herramienta ideal, pero el Gobierno español lo impidió. No nos queda otra vía que la unilateralidad", señaló el diputado de la CUP, Albert Botran.
Para la oposición se trata de un proceso ilegal que no tiene en cuenta al 52% de votantes que no apoyaron la secesión en los comicios del 27 de septiembre.
Esta declaración soberanista culmina una escalada de tensión entre Barcelona y Madrid desde 2010, cuando el Tribunal Constitucional recortó ampliamente las competencias adquiridas por Cataluña en un estatuto regional aprobado en 2006, frustrando las aspiraciones de un mayor autogobierno dentro de España.
El independentismo, antes minoritario, creció exponencialmente a la sombra de la crisis económica y desde 2012 reclamó insistentemente un referendo sobre la independencia de esta región de 7,5 millones de habitantes y con una quinta parte de la riqueza española.
| Agencias AFP, DPA y ANSA |
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