Cementeras: revés en Casación

La Cámara Nacional de Casación Penal rechazó un planteo de recusación hacia el fiscal Javier de Luca, pedido por las principales cementeras del país, en la causa por la cual se las multó a pagar casi $ 310 millones por supuesta «cartelización» en los precios del rubro. Los jueces ratificaron además la intervención del Ministerio de Economía en la pesquisa, que se inició a raíz de una millonaria multa impuesta por el entonces responsable de la cartera, Roberto Lavagna.

El planteo de las cementeras Loma Negra, San Martín SA y la Asociación Fabricantes de Cemento Portland fue desestimado por los jueces Mariano Borinsky, Luis María Cabral y Juan Gemignani, quienes descartaron la acusación de las demandas de supuesta connivencia entre el fiscal recusado y el Ministerio de Economía.

En su resolución, los camaristas destacaron que «la actuación del Ministerio Público Fiscal, como órgano requiriente, se inspira en un criterio objetivo de Justicia, lo cual supone que carece de un interés propio, subjetivo o personal en el proceso, pero no significa que debe ser imparcial».

En este punto, los magistrados precisaron que «los fiscales deben ajustar su actuación a la ley pero no están sujetos a exigencias de imparcialidad en el sentido y extensión en el que ésta se concibe como atributo del juez o tribunal como garantía judicial, sino a las reglas de objetividad y lealtad en su actuación», añadieron.

Por estos motivos, los jueces consideraron que «no se advierte en la actuación del señor fiscal general» ningún hecho que afectase «los principios que guían la actuación de su ministerio».

Imputación

Las multas contra las empresas fueron impuestas por el Ministerio de Economía, que acusó a estas firmas de protagonizar un supuesto acuerdo para mantener elevados los precios de sus productos.

Las firmas multadas fueron Loma Negra ($ 138,7 millones), Juan Minetti SA ($ 100,1 millones), Cementos Avellaneda SA ($ 34,6 millones), Petroquímica Comodoro Rivadavia SA ($ 6 millones), Cemento San Martín SA ($ 28,5 millones) y la Asociación Fabricantes de Cemento Portland ($ 520 mil pesos).

La mayoría de las multas fue confirmada tiempo atrás por la Sala B de la Cámara en lo Penal Económico, pero las defensas apelaron a la Sala IV de la Cámara Nacional de Casación.

En diciembre pasado, la Sala IV anuló un fallo que había dejado sin efecto las multas, al considerar que previamente no se le había dado intervención al Ministerio de Economía en la causa.