Buscará revertir fallo de Superior Tribunal de Justicia que trabó prórroga de la ley, que le daba flexibilidad a la gestión de Peppo para pagar deudas.
CRUCES. Peppo, durante una reunión meses atrás con el Superior Tribunal.
El gobierno de Chaco, que lidera el peronista Domingo Peppo, anunció que irá a la Corte Suprema para revertir un fallo de los supremos locales que declaró inconstitucional la prórroga de la ley de emergencia económica.
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El Superior Tribunal de Justicia chaqueño había declarado la inconstitucional de la norma sancionada a fin de año que prorrogaba la emergencia hasta el 30 de junio. No es el primer fallo adverso de la Corte provincial a raíz de un litigio iniciado por acreedores judiciales por la ley de enganche.
La emergencia económica le permitía a provincia negociar quitas en los montos adeudados hasta un 50% o bien alargar los plazos para cancelar la deuda.
Por eso, el fiscal de Estado de Chaco, Luis Meza, manifestó que trabajan para apelar el fallo ante el Máximo Tribunal nacional, aunque "cualquier situación adversa resentirá los recursos del Estado provincial". Y señaló que hay "una gran incertidumbre porque están en juego montos importantes vinculados a recursos del Estado provincial, porque la mayoría están dirigidos al pago de sueldos de la Administración Pública", dijo el funcionario de Peppo en declaraciones recogidas por el medio local Diario Norte.
Meza también destacó que gracias a la emergencia la provincia logró celebrar más de mil acuerdos . "Estamos preocupados. La idea es solucionar el problema de la gente y tratar de pagar, porque queremos cerrar este capítulo de vieja data y proteger a los servicios esenciales del Estado", añadió, en relación a las exigencias de empleados judiciales.
Ahora, con el último revés judicial se podrían embargarse bienes del Estado provincial, incluidos fondos de la coparticipación federal.
La jueza titular de la Corte chaqueña, Iride Grillo, señaló en los fundamentos del fallo emitido el pasado 6 de febrero que las leyes de emergencia deben "caracterizarse por su transitoriedad", y que un estado "permanente" desvirtúa sus fundamentos.
Respecto al caso particular de los acreedores, las imposiciones de Chaco en la negociación de los saldos adeudados implica "una afectación a la propiedad" y vulnera derechos consitucionales.
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