Clásico y utópico: quieren controlar los alquileres

Legisladores impulsan en el Congreso un proyecto que fija precio a los alquileres y prácticamente va en contra de la propiedad privada. Todas las cámaras vinculadas al sector inmobiliario ya se oponen, pero en un contexto en el que el Gobierno intenta retener a legisladores a cambio de apoyar proyectos de toda índole, temen que esta idea se considere seria.

La autora del texto es la riojana Teresita Quintela, una de las senadoras que aún perteneciendo al Frente para la Victoria, a último momento votó en contra de las retenciones móviles aquel día en el que Julio Cobos terminó dilapidando el proyecto por dar su voto «no positivo».

Entre sus puntos destacados, el proyecto dice que de ser aprobado, «el precio de los alquileres no dependerá de un mercado que no funciona, sino del costo de cada unidad (precio del terreno más costo de la construcción) dividido por 150 para determinar el precio mensual de la locación».

El argumento para esta fijación es según Quintela que «el mercado de los alquileres no funciona con las leyes de la oferta y la demanda, porque los precios aumentan vertiginosamente cuando la demanda crece, pero no bajan prácticamente nada cuando decae».

Además, «modifica el plazo de las locaciones ampliándolo a 5 años para las viviendas familiares y a 6 años para los estudios y locales comerciales en vez de 2 y 3 como es ahora». E indica que «la renovación del plazo será automática, a menos que el locador tenga motivos fundados para no hacerlo».

En el sector inmobiliario, calificaron el proyecto de «descabellado». La Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias, la Cámara de Propietarios de la República Argentina (CAPRA) y el Centro Argentino de Derecho Inmobiliario y Propiedad Horizontal (CADIPH) coincidieron en que «se trata de un proyecto cuasi dictatorial y al parecer concebido sin sentido común, carente de visión económica general y alejado del mundo empresario y productivo, tanto industrial como comercial, ya que es acometedor contra la construcción, agresor de la propiedad privada, ahuyentador de inversiones en general, amedrentador de la ciudadanía, aniquilador de actividades comerciales lícitas, arremetedor a la iniciativa privada y la producción, burocratizante, confiscatorio de bienes, congelador de sinnúmero de industrias, creador de nuevos entes públicos sobre los muchísimos inoperantes y costosísimos existentes, destructor de empresas, discriminatorio, estatizante, irracional, paralizador de inversiones inmobiliarias, potenciador del gasto público, violador de los derechos constitucionales de propiedad y de ejercer industria lícita», entre otras cosas.

El proyecto Quintela, que comenzó a ser tratado en la Comisión de Asuntos Municipales que ella misma preside (una de las cinco comisiones en las que será discutido por su contenido), ya había sido presentado en 2007 sin éxito. El nuevo intento tiene que ver con la situación parlamentaria en la que tras las últimas fugas del bloque oficial, se intenta retener a los legisladores con la promesa de que sus proyectos serán -al menos- tratados.

Pero en el caso de esta presentación, su aprobación costaría además muy caro al Estado. Sucede que incluye la creación de un ente que se llamará Organización Estatal de Locaciones Urbanas para Alquilar, que operaría dentro del ámbito del Ministerio de Planificación Federal. «Anuamente, la Organización recibirá del Estado nacional un Fondo suficiente para construir diez millones de metros cuadrados que deberá ser incorporado al Presupuesto nacional y será administrado por el Banco de la Nación».

Otro punto ambicioso es el de las garantías. La ley pondría a los bancos de garantes ofreciendo obligatoriamente una forma de «seguro de caución cobrando por ello un mes de alquiler con este motivo. Esto hace imprescindible que todos los alquileres se depositen en la cuenta especial del banco elegido».

Para el presidente de la Cámara de Propietarios de la República Argentina (CAPRA) Enrique Abatti, lo peor de este proyecto es que «afecta a la industria de la construcción, actualmente uno de nuestros principales motores económicos. Pero además agrede el derecho constitucional de comerciar y agrega más sujetos a funciones administrativas de bienes ajenos que alientan la corruptela y gestión de influencias».

Coinciden Armando Pepe y Néstor Walentein, de la Cámara Inmobiliaria Argentina, en que el texto «corrompe la seguridad jurídica. Crea un burocrático y costosísimo ente público con facultades para administrar, construir, confiscar y alquilar inmuebles, con delegaciones en casi todas las ciudades del país, o sea muchísimos más gastos y numerosos nombramientos inútiles».

En el círculo más cercano de la senadora Quintela, no son igualmente optimistas. Creen que despertará muchas críticas y será difícil sostener apoyos, aun cuando las obligaciones políticas así lo demanden.