27 de septiembre 2018 - 00:00

Clave: Corte resucita amparo colectivo por movilidad jubilatoria

Interpuesto por Defensor del Pueblo, es conocido como “Badaro 2” por sus implicancias económicas y sociales. Último acuerdo presidido por Lorenzetti.

Acuerdo. Será la última reunión presidida por Ricardo Lorenzetti.
Acuerdo. Será la última reunión presidida por Ricardo Lorenzetti.
Hoy será la última reunión de acuerdos de la Corte Suprema de Justicia previo al recambio de autoridades y todavía con Ricardo Lorenzetti en la presidencia, antes de entregarle la posta a Carlos Rosenkrantz. En ese contexto de transición y con ambiente convulsionado, el máximo Tribunal se apresta a resucitar un viejo expediente que había quedado freezado durante casi una década y que conlleva un alto impacto económico y social por tratarse de una causa colectiva en materia previsional. Se trata de un amparo interpuesto en 2009 por el Defensor del Pueblo de la Nación por el cálculo de la movilidad jubilatoria del período 2002 a 2006 para una gran cantidad de jubilados que nunca había sido resuelto. Puertas adentro de tribunales se lo conoce como "Badaro 2" por los alcances e implicancias que tendría esa decisión que atravesó -con dilatada duración- toda la gestión de Cristina de Kirchner y parte de la de Mauricio Macri con pedidos de informes y giro por las distintas vocalías. La Corte debe definir primero si considera legitimado el reclamo y si puede ser encauzado en una acción de clase, o deberían canalizarse a través de juicios individuales dado los montos implicados en cada reclamo. La Casa Rosada tenía otros expedientes candentes en el radar que también refieren a cuestiones previsionales, sin embargo tomó la delantera el más retrasado de todos ellos.

Denominado D.45/2009 "Defensor del Pueblo de la Nación contra Estado Nacional Amparos y Sumarísimos" se trata de un reclamo por el ajuste de la movilidad jubilatoria por el período comprendido entre 2002 y 2006. El expediente había sido avalado en primera instancia un año antes y luego pasó por la Cámara Federal de la Seguridad Social. Inicialmente, la demanda proactiva del Defensor para alcanzar a todo el colectivo de jubilados, a raíz de un fallo de la Corte que había dado la razón a un caso particular en su reclamo de reajuste, conocido como "Badaro". Exigía que se condene al Poder Ejecutivo "a adoptar las medidas adecuadas para disponer un ajuste por movilidad en beneficio del colectivo de jubilados y pensionados que perciben un haber que con posterioridad al mes de enero de 2002 no hubiera tenido un ajuste equivalente al aumento del índice de salarios nivel general elaborado por el INDEC". Buscaba que se consigne ese derecho constitucional a la garantía de la movilidad de haberes.

Desde entonces, la acción de clase quedó en un limbo de la Corte que cruzó pedidos de informes con la ANSES a partir de 2011 para que detalle el universo de personas afectadas por un eventual fallo; quiénes habían iniciado reclamo administrativo por cálculo de haber inicial y movilidad; quiénes habían iniciado juicio; cómo se pagaban las sentencias y cuántos reclamos quedaban todavía sin resolver, entre otros detalles técnicos para evaluar la sustentabilidad de todo el régimen previsional. El paso del tiempo fue licuando el universo de beneficiarios y los montos. Y tampoco inquietó políticamente al Gobierno kirchnerista por sus efectos de "caja" sobre potenciales millonarios retroactivos de amplio espectro porque nunca dejó de girar entre las vocalías.

Desde 2014 pasó por la de Lorenzetti y recién al año siguiente alcanzó la de Juan Carlos Maqueda. A fines de 2015 llegó a la de Elena Highton de Nolasco y un mes más tarde a la de Carlos Fayt (previo a su renuncia), para regresar a fines de ese año a la de Lorenzetti. Varios de los supremos se expidieron sobre la cuestión en sus votos o adhiriendo a los proyectos de sentencia de la secretaría previsional. Sin embargo, la cuestión nunca fue llevada al pleno. Con cualquier resultado es una sentencia de alto impacto. En 2018 el caso registró sus últimos movimientos, a mitad del año, en la vocalía de Horacio Rosatti y desde julio, se encuentra en el despacho de Rosenkrantz.

Su resolución no es sencilla: la discusión jurídica es si se valida la representación del Defensor (hoy puesto vacante) sobre los derechos colectivos, o si esto obstaculiza juicios individuales debido a la disparidad de situaciones entre los afectados.

Hacia la resurrección de este caso puso proa la Corte para ir despejando el lastre de los expedientes más antiguos por resolver antes de abocarse a los diferentes índices de ajuste o a la última reforma previsional encarada por Macri, asuntos que se van apilando también para una decisión de la Corte que todavía está sensibilizada por los cambios internos.

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