Clave: nuevo fallo confirma a jueces que pasan límite de edad

Carlos Fayt

 La Cámara en lo Contencioso Administrativo resolvió que el camarista de la Seguridad Social Martín Laclau no deberá requerir acuerdo del Senado cuando cumpla 75 años, tal como lo establece la Constitución. El fallo encontró sustento en la misma medida lograda por el ministro de la Corte Suprema Carlos Fayt.

En comparación con otros colegas de su fuero -que protagonizan expedientes de alto contenido político en la Magistratura- Laclau ha sido un juez de estilo más reservado y que se hizo conocido años atrás cuando firmó un fallo por el cual se ordenaba a la ANSES que devolviera a un particular los fondos que el ente previsional había absorbido cuando tomó el control de las AFJP mediante una ley votada por el Congreso.

Cuando cumplió la mayoría de edad, Fayt logró un amparo que le permitió no revalidar su pliego en el Senado. Lo mismo sucedió con Enrique Petracchi en 2011. Logró una cautelar que en su momento el Gobierno había apelado pero tiempo más tarde los abogados del Ministerio de Justicia retiraron el reclamo. A diferencia de Fayt, la Corte no llegó a confirmar con sus firmas el beneficio obtenido por Petracchi.

La sentencia favorable a Fayt -que Petracchi no había firmado a consecuencia de su vieja rivalidad- declaró la nulidad del inciso 4 del artículo 99 que fijaba la edad límite para el desempeño de los jueces al considerar que la convención constituyente se había extralimitado pues no estaba previsto que modificara "la garantía de inamovilidad de los magistrados".

La llamada inmovilidad no sólo es un concepto que desata polémica en la arena política por la naturaleza de los cargos de este poder de Estado sino también en el plano económico: la inmovilidad rige para los salarios y es uno de los argumentos centrales para justificar que los jueces no paguen el tributo a las Ganancias, rasgo de la realidad siempre presente las alocuciones presidenciales.

El hecho de no haber aportado su rúbrica fue lo que le permitió al ministro ampararse en el fallo de Fayt. Distinto fue el caso de Augusto Belluscio, quien abandonó la Corte en 2005 cuando cumplió 75 años. En su último acuerdo de ministros, emocionado, dijo que la composición de ese entonces le hacía querer continuar en su vocalía. Algunos de sus pares lo arengaron en ese sentido, pero Belluscio fue tajante: no podía ampararse en el caso Fayt porque él mismo había firmado ese fallo y beneficiarse del mismo sería poco decoroso.

Se trata de una cuestión muy actual para la misma Corte: Eugenio Zaffaroni dejará el máximo tribunal con el argumento de que cumple 75 años y que la Constitución sobre la cual él juró se diferencia del texto sobre el cual lo hicieron Fayt o Petracchi.

El fallo sobre Laclau, que tiene sobrada letra del que favoreció a Fayt, aparece luego de que hace dos semanas el ultrakirchnerista Carlos Kunkel volviera a pronunciarse sobre la edad de los integrantes de la Corte, tal como en 2013 lo había hecho Cristina de Kirchner, en plena contienda por la fallida reforma judicial.

De hecho, hace quince días -con motivo de la muerte de Petracchi- el diputado cuestionó que Fayt siga en su cargo a su edad y sostuvo que es un magistrado "ligado a los sectores económicos".

Por cierto, Kunkel tiene interés en asumir nuevamente una representación de la Cámara de Diputados en el Consejo de la Magistratura. Pero por estas horas Héctor Recalde estaría mejor posicionado para ese asiento ya que su estilo cuadra más con la táctica que el Gobierno desplegará en la próxima composición del cuerpo colegiado (aún así, el kirchnerismo tiene dos sillas para diputados de su bloque).

El fuero Contencioso vuelve a posicionarse con este fallo como un escenario de resoluciones determinantes: en la segunda instancia tramitan por estos días el reclamo del senador Rubén Giustiniani para hacer público el contrato entre YPF y Chevrón y un reclamo del abogado Ricardo Mihura Estrada que cuestiona la constitucionalidad de la figura de los conjueces nombrados por el Senado.

Esta Cámara ofrece vacantes en la Sala I y a los jurados del concurso ya en marcha no se les atribuyen contactos con el kirchnerismo.

Un atajo para entender por qué un terreno tan estratégico, donde se pone en juego la constitucionalidad de las decisiones del Estado, no despierta las tensiones del concurso para cubrir las vacantes en la Casación Penal Federal.

Ese trámite ya avanzó con la organización del examen escrito y ahora se deben puntear los antecedentes de los candidatos. La responsabilidad, por el momento, es del juez Ricardo Recondo, crítico del oficialismo.