3 de septiembre 2009 - 00:00

Clave: ser reelecto sin cubrirse de lodo

Álvaro Uribe
Álvaro Uribe
La posibilidad de que un presidente sea reelecto no representa, en sí misma, un deterioro de la calidad democrática de un país. Se trata más bien de un instrumento que utilizan países con instituciones y libertades consolidadas, y acaso valga como contraejemplo el caso de Chile, en el que la política de mayor popularidad del país, Michelle Bachelet, se encuentra vedada para postularse en las elecciones de diciembre, con el consecuente desacomodo que viven los partidos trasandinos desde hace meses. La buena imagen no justifica de por sí cambiar las reglas de juego, pero convengamos que un mandato de cuatro años puede resultar escaso para un Gobierno que tarda dos en acomodarse. Tal fue el caso de la presidenta chilena.

Los problemas pueden aparecer en los pasos que se siguen para lograr el objetivo de cambiar una Constitución con el fin de habilitar la reelección presidencial, máxime si el beneficiado de la repostulación resulta ser el gobernante en ejercicio.

Runrun sobre sobornos, pactos sellados en trasnoche o borocotizaciones han dejado un tendal de ejemplos ilustrativos, tanto en la Argentina como en el exterior, por citar los vicios más extremos. Acto seguido, surge otro fantasma: la reelección indefinida.

A caballo del voto popular, algunos presidentes no conciben un futuro promisorio para su país sin su tutela -forma no sutil de ocultar su incapacidad para alumbrar el camino a un sucesor-, y en ese tránsito les resulta casi imposible no caer en la tentación de adaptar el Estado a su necesidad de ser prócer. Está claro que el voto popular, poderoso e indispensable, no legitima todo.

Riesgo asumido

Hacia un tercer mandato parece apuntar el popular Álvaro Uribe. Hace un tiempo hizo saber que le costaba «convencer a su alma», pero finalmente se habría decidido, a la luz de la votación de ayer del Congreso para habi-litar una nueva reforma constitucional para alcanzar la re-re del ex hombre fuerte de Antioquia.

El colombiano asume un riesgo. Deja en un brete, o al menos quita un argumento, a quienes gustan edificarlo como contrafigura de Hugo Chávez, otro amante de la re-re.

Consciente de ello, el ministro del Interior de Uribe, Fabio Valencia, se apresuró a alertar que «toda comparación es odiosa», porque «una cosa es la realidad colombiana y otra la venezolana».

En más de un sentido, la advertencia de Valencia resulta cierta. Por ejemplo, la Justicia colombiana ha demostrado tener resortes de mayor independencia que la venezolana, y podría convertirse en un escollo insalvable para los deseos de Uribe (ver nota principal). Del otro lado de la frontera, los tribunales venezolanos se han mostrado marcadamente más expeditivos para detectar corrupción en opositores que en juzgar vicios similares en el oficialismo.

Sentencias

Pero el argumento del ministro de Uribe podría ser utilizado en su contra. Tres parlamentarios, Yidis Medina, Iván Díaz Mateus y Teodolindo Avendaño, recibieron sentencias de la Corte Suprema de entre 3 y 8 años por haber recibido coimas y prebendas a cambio de facilitar, en 2004, la primera reelección de Uribe, que se concretaría en 2006. En aquel entonces hubo de todo. Desde borocotizaciones hasta ausencias cómplices en el momento de votar.

Al presidente colombiano le cabe el mérito de haber permitido, en términos generales, la acción de la Justicia. De lo contrario, no habrían sido sentenciados los tres parlamentarios citados ni proce-sados otros 50 funcionarios y legisladores, 20 de los cuales penan cárcel por sus vínculos directos con los paramilitares. Casi todos ellos son uri-bistas; algunos, sus voceros mediáticos más enfáticos; otros, de su entorno más íntimo y unos pocos, familiares cer-canos.

Esta virtud de Uribe de dejar actuar a jueces y fiscales se extiende en el tiempo. Más allá de las críticas de la oposición, otro botón de muestra en el mismo sentido resultó la orden de detención emitida el martes contra el senador Alirio Villamizar, por haber exigido coimas a escribanías.

Los tribunales examinan si, en el marco de las negociaciones para una nueva reelección de Uribe el año que viene, el oficialismo colombiano le otorgó a Villamizar el manejo de las licencias de escribanías del noreste del país a cambio de su voto positivo.

Este cúmulo de escándalos que degradan la democracia colombiana promete aportar nuevos capítulos y, a su modo, también torna singular el proceso reeleccionista de Uribe.

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