Cobos desempató y es ley la suba del riesgoso 82% móvil a jubilados

Tras el quórum, el debate se prolongó todo el día. El radical Gerardo Morales festejó cerca de Pablo Verani, Miguel Pichetto operó en el recinto hasta último momento, como Eric Calcagno. Adriana Bortolozzi, Nito Artaza, Mario Cimadevilla y Rubén Giustiniani en la resistencia por el sí. Julio Cobos tuvo que desempatar.

Otro desempate de Julio Cobos en contra de la postura del Gobierno convirtió en ley el aumento de las jubilaciones al 82% móvil. A la 0.19 de hoy y luego de una votación que resultó empatada en 35 votos, el vicepresidente definió en favor del proyecto opositor, a pesar de la advertencia de veto de Cristina de Kirchner.

La decisión de Cobos, esta vez, fue seca y rápida. «Yo ya había anticipado mi voto afirmativo en los medios», fue la fórmula elegida, con invocación incluida de uno de los principales focos de crítica de la Casa Rosada. Sin el dramatismo ni la tensión que rodeó el voto no positivo a las retenciones móviles en la madrugada del 17 de junio de 2008, el titular del Senado se dirigió esta vez al jefe de la bancada kirchnerista, Miguel Pichetto, y reclamó «una política de Estado que encuentre sustentabilidad a lo largo del tiempo».

Desde temprano, la estrategia oficialista apuntó, como objetivo de mínima, a padecer la aprobación en general del proyecto opositor que lleva la jubilación mínima de 1.046 a 1.427 pesos, pero asegurarse la modificación de al menos cinco artículos, entre ellos, el 11 y el 12 referidos al financiamiento a partir de la ANSES, devolver así el expediente a la Cámara de Diputados y diferir el debate hasta fin de año. Teniendo en cuenta que el proyecto debería volver a girar por las comisiones y luego por el recinto de la Cámara baja para finalmente regresar al Senado, el 82% móvil para los jubilados se convertiría prácticamente en una utopía, sobre todo, porque el período ordinario de sesiones finaliza el 30 de noviembre próximo. Pero no pudo ser.

La oposición esperó confiada el debate con quórum propio, más allá de la advertencia oficialista de no darlo, gracias al neuquino Horacio Lores, tradicional aliado de la Casa Rosada, quien resistió incluso las presiones de su gobernador, Jorge Sapag, para bloquear el inicio de la sesión. Pero la sorpresiva aparición en el recinto de todo el bloque del Frente para la Victoria, encabezado por Miguel Pichetto, desorientó a los jefes opositores, como Gerardo Morales (UCR), Adolfo Rodríguez Saá (Peronismo Federal), María Eugenia Estenssoro y Rubén Giustiniani (socialismo) pasadas las 14. En ese momento, los bloques antikirchneristas comenzaron a dudar de su real poder de fuego a la hora de la votación, teniendo en cuenta que la orden kirchnerista de bajar a habilitar el quórum había partido de la entraña del Poder Ejecutivo.

Sorpresa

Algunos senadores como el radical Oscar Castillo aseguraban que volarían desde Catamarca para votar en contra del proyecto opositor, al igual que su correligionario correntino José Roldán. Otros, como el peronista sanjuanino César Gioja, ya habían adelantado su voto en favor del proyecto de la UCR para ejercer una especie de venganza legislativa contra la cúpula del bloque kirchnerista, encarnada en Pichetto y en José Pampuro, que habían votado a favor de la Ley de Protección de Glaciares que complicó a la industria minera en su provincia, pero en el caso del sanjuanino el voto finalmente se alineó con el Gobierno. También el chubutense oficialista, Marcelo Guinle, con aspiraciones de suceder a Mario Das Neves, se había manifestado a favor del aumento jubilatorio.

Más allá de la conveniencia financiera de subir las jubilaciones al 82% móvil del salario mínimo, la trastienda política del debate en el Senado ocultaba una vez más el conflicto de poderes, específicamente el enfrentamiento entre la Casa Rosada y la Corte Suprema de Justicia. Aunque Kirchner había calificado el fin de semana en Río Gallegos al máximo tribunal como un «poder independiente», el ex presidente no estaba dispuesto a que la bancada oficialista aprobara un proyecto redactado sobre la base de los fallos Badaro y Sánchez de la Corte Suprema. Ése fue el mensaje cifrado que envió Kirchner al Senado al rodearse por 14 gobernadores de la provincia en el acto del viernes pasado en Santa Cruz, apenas cinco días antes del debate en el Senado.

Demandas

A partir de esas sentencias de la Corte se generó un verdadero aluvión de demandas de los jubilados y pensionados sobre los tribunales de la Seguridad Social, reclamado un ajuste de los haberes. Pero detrás del rechazo a la ley de la oposición también aparecían varios buffetes de abogados interesados en que esos juicios se prolongaran en los tribunales sin una ley que ponga fin a los litigios. «Esta ley complica también a la corporación de abogados porque dejaría sin efecto cientos de juicios que reclamaba la aplicación de los fallos de la Corte en sede judicial», explicó el senador radical Eugenio Nito Artaza.

En el recinto, el primero en tomar la palabra fue el presidente de la Comisión de Trabajo, Alfredo Martínez (UCR), quien contradijo el argumento del Gobierno sobre un supuesto boicot opositor a las arcas del Estado al señalar que «la iniciativa tomaría entre 27 y 32 mil millones de pesos para financiar el aumento». Y recordó que la ANSES «se nutre de los aportes, pero aparte recibe un 20% de Impuesto a las Ganancias, 11% del IVA y un 15% de coparticipación de las provincias».

Luego llegó el turno del oficialista Eric Calcagno, presidente de la Comisión de Presupuesto, quien reconoció que «hay un financiamiento mixto» de la ANSES, pero recordó que la administración «no es únicamente de los adultos mayores, sino que también contempla «las asignaciones familiares, la pensión por invalidez, la asignación familiar para veteranos de guerra». «El 82% no se puede pagar con los fondos de la ANSES», sostuvo Calcagno, al tiempo que advirtió que hay «un 12% de adultos mayores que todavía no está alcanzado por la cobertura» y que el Gobierno «tomó la decisión política de ampliar la cobertura antes de aumentar».

En favor del proyecto, la peronista federal Sonia Escudero argumentó que gran parte del aumento se financiaría con el «superávit de 15 mil millones de pesos que tiene la ANSES» y advirtió que esa administración «hoy es caja del Tesoro», mientras que Liliana Negre de Alonso, del mismo bloque, fue más dura al sostener que con este proyecto «se acabó la fiesta».