La comisión conformada por el Poder Ejecutivo para elaborar un anteproyecto de reforma del Código Penal incorporó a la iniciativa el agravamiento de penas por delitos de corrupción cometidos por funcionarios públicos de todos los poderes del Estados.
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El Ministerio de Justicia detalló que la propuesta que será girada a consideración del presidente Mauricio Macri para su posterior presentación ante el Congreso, incluyó un "incremento de las escalas penales de estos delitos", con particular atención a los de "cohecho, soborno transnacional y enriquecimiento ilícito". "A la vez, se decidió también la inclusión de la responsabilidad de las empresas en estos delitos", señaló en un comunicado la cartera encabezada por Germán Garavano, en cuyo ámbito trabaja la comisión redactora del anteproyecto de reforma, encabezada por el juez de Casación Mariano Borinsky. La idea del oficialismo es avanzar a todo vapor para tener listo un nuevo anteproyecto que sea girado para su discusión parlamentaria en los primeros meses de 2018. La inclusión de la responsabilidad penal de empresas no es casual en momentos en que se discute una norma específica que alcance el caso Odebrecht y que permita acceder a las pruebas y confesiones de sobornos que pueda realizar la empresa, reticente a aportar información si no existe un acuerdo que garantice la no persecución penal de sus directivos y la continuidad de su actividad.
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