Códigos: la definición en 2014 despierta fantasmas en la Corte

La defensa que el Gobierno hizo este mes del proyecto de reforma del Código Civil, en el Congreso con Julio Alak a la cabeza, quedará ahora pendiente y sin garantías para marzo.

Cuando en marzo de 2012 Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Aída Kamelmajer de Carlucci asistieron al acto en Casa Rosada en el cual Cristina de Kirchner presentó el proyecto de reforma del Código Civil y Comercial tomaron como una certeza la palabra presidencial de que la reforma saldría antes del final de ese año.

Los cruces y las intrigas por la definición de la ley de medios demoraron los tiempos al punto de llegar a las palabras de Jorge Capitanich el pasado viernes, cuando avisó que la reforma se votará recien en 2014, cuando el Congreso exhiba un kirchnerismo más dependiente de sus aliados circunstanciales.

Para los autores de la reforma esta determinación implica ingresar en el peor de los escenarios. Por un lado en la Cámara de Diputados el proyecto podría sufrir nuevas modificaciones a pedido de la Iglesia y, además, entre los diputados que terminarán votando hay varios que ingresan el 10 de diciembre, que no participaron de los debates por el proyecto y desconocen diversos vericuetos de sus más de 2.600 artículos. "Esto habría que haberlo votado el año pasado y no ahora a las apuradas", deslizaron en la Corte al momento de decidir la ausencia de los integrantes de la comisión redactora ante la Comisión Bicameral.

Lorenzetti por ahora se mantiene en un silencio absoluto y así podría continuar hasta comienzos del año próximo en lo que refiere al proyecto de reforma. El pasado miércoles lo esperaban jueces de todo el país en la Facultad de Derecho para una disertación y a último momento decidió pasarle la posta a Highton de Nolasco.

Se está instalando en la Corte, y entre sus integrantes, una percepción que combina datos provenientes de la arena legislativa así como también algún contacto telefónico con Carlos Zaninni: la reforma podría terminar naufragando en la Cámara baja, no sólo por una probable falta de consensos (muchos de ellos originados en una evidente ignorancia en materia jurídica) sino porque el oficialismo estructurará su 2014 en torno de otras urgencias en el plano legislativo.

Si este punto de vista, en el cual las necesidades de corto plazo se imponen a las reformas más arquitectónicas terminara por cumplirse, sería un llamado de atención para Eugenio Zaffaroni, quien ha elaborado, en conjunto con legisladores de la oposción, una reforma integral del Código Penal que ya está en poder del Gobierno. El panorama actual lleva a cada vocalía a medir la situación en el Congreso según sus aficiones: Lorenzetti y Highton de Nolasco se lamentan desde lo teórico mientras Carlos Fayt se altera por una nueva disputa entre el Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires que conduce su abogado, Jorge Rizzo, y la entidad que nuclea a todos los colegios de abogados, la FACA, que no ha sido explícita en su rechazo al proyecto como sí la entidad porteña. Fayt había logrado amigar a los dirigentes de ambos grupos que ahora se muestran esquivos.

El traspaso de la definición a marzo del año próximo reducirá la nueva oleada de críticas al proyecto que reaparecieron en las últimas dos semanas desde los colegios de abogados. Estas entidades pusieron el eje en el Congreso y en sus modos atolondrados para discutir una norma de tal envergadura. Sin embargo los directivos del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires (que reúne a los grandes estudios de derecho empresario) fueron más allá: "Nadie explica la razón del apuro en aprobar un nuevo Código", sostiene un comunicado. Una alusión incómoda para la Corte, en la cual se vincula el fallo por la ley de medios al nuevo código como una suerte de canje.