Comodoro Py se alista para guerra con Garavano por nuevos juzgados

• MAGISTRADOS ALINEADOS DETRÁS DE LAS CRÍTICAS DE CLAUDIO BONADIO A LA GESTIÓN DEL MINISTERIO DE JUSTICIAPelea de fondo es por iniciativa oficial para duplicar cantidad de jueces federales penales en el interior del país que creará 150 cargos. Tironeo con Lorenzetti por “retoque” a Código Civil y Comercial. Involuntario auxilio de Carrió.

Claudio Bonadio, Germán Garavano y Ricardo Lorenzetti.

Comodoro Py ha decidido parapetarse detrás del juez federal Claudio Bonadio para preparar una embestida contra el ministro de Justicia, Germán Garavano. Las críticas declaraciones del magistrado contra la gestión del funcionario son una muestra de un conflicto multicausal que puede deparar capítulos de mayor voltaje y contar con el auxilio de Elisa Carrió, quien ya le apuntó sus dardos y lo amenazó con un juicio político. En el Gobierno, leen la avanzada como una reacción al anuncio de reforma del Código Civil y Comercial, una iniciativa cuyos laureles cosechó el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti hace tres años. En medio de una guerra fría con el Poder Ejecutivo por el recambio de autoridades en la Corte a fin de año, el anuncio oficial para el "service" del Código tras 37 meses de aplicación cayó mal en el cuarto piso del Palacio de Tribunales. Pero en realidad, un proyecto oficial para crear un 80% más de cargos en la Justicia Federal del interior del país fue lo que encendió las alarmas en los tribunales de Retiro.

El enfrentamiento se cristalizó la semana en la que la Corte presentó una mega reforma judicial en donde cuestionó las discusiones de coyuntura y exigió políticas de Estado para la Justicia. Entre líneas, Lorenzetti reclamó un modelo "a la brasilera" para lograr una mayor autonomía en las investigaciones penales. El Gobierno al igual que muchos jueces- se mostraron escépticos sobre el rumbo de los cambios.

Bonadio es un electrón libre entre sus pares, pero goza de una relación directa con Lorenzetti, a quien se ha acercado desde la última etapa del Gobierno kirchnerista. Con poco habituales declaraciones públicas, el juez sorprendió en uno de los paneles de discusión que organizó la Corte: "No creo que el Ministerio de Justicia acompañe las reformas porque en dos años no ejecutaron políticas de fondo sobre todo en el área criminal". Garavano acusó recibo y respondió que Bonadio, "como parte del sistema judicial, tiene una oportunidad de hacer muchas transformaciones", y describió como "peleas de poder y protagonismo" los cuestionamientos que lanzó. A su vez, elevó un desafío al decir que está "expectante" de los cambios que pueda hacer el Poder Judicial sin necesidad de leyes o aumentos de presupuesto. "Habla como si fuera un extranjero o un ciudadano de a pie", replicó el juez. "Omite decir que él tiene poder de decisión sobre importantes herramientas que hacen al desenvolvimiento del día a día para el sistema de Justicia", aseguró.

La pelea por el Código Civil y Comercial es uno de los motivos. Desde el oficialismo se asegura que no serán más de 20 modificaciones en busca de una mejor aplicación y tras la detección de inconvenientes en la práctica. Responsabilidad del Estado y cuestiones que fueron podadas durante el kirchnerismo del proyecto final podrán reverdecer. Sin embargo, para los habitantes de Comodoro Py el alerta lo disparó una idea que Garavano viene madurando junto a varios gobernadores: dividir los juzgados "multifunción" de todo el país, separando la faceta penal de las demás atribuciones. Hoy un juzgado federal con asiento en las provincias tiene una secretaria penal pero también una civil y otra tributaria y previsional. A veces hasta una electoral, si es cabecera de distrito. Garavano planea que haya al menos un juez penal (con fiscal y defensor) y que otro absorba el resto de las competencias. El cálculo estima la creación de alrededor de 150 cargos nuevos, lo que implica aumentar la dotación de magistrados federales en un 80%. La modificación ya fue presupuestada en torno a los $350 millones adicionales. El proyecto de ley que se presentará al Congreso lleva el nombre de "Fortalecimiento de la justicia federal en las provincias". Sin embargo, la Asociación de Jueces Federales (AJuFe) parece no querer un aluvión de nuevos afiliados auspiciados por la Casa Rosada. Menos cuando aspira a sentar en una silla del Consejo de la Magistratura al juez Julián Ercolini como representante del fuero con mayor protagonismo a nivel político.

La inquietud se suma a la aplicación del Código Procesal Penal que, a buen ritmo y con inicio en Salta y Jujuy, no debería tardar más de 5 años en implantar el sistema acusatorio con mayor poder de los fiscales en territorio de Comodoro Py. La resistencia ante ese cambio comenzó a hacerse notar. En una alianza táctica, los jueces esperan encontrar mal parado al ministro, luego del chisporroteo con Carrió por el desenvolvimiento de los alegatos en el caso de encubrimiento del atentado a la AMIA. Diputados "lilitos" insisten en que el Ministro dio la orden de suavizar la acusación hacia los fiscales Eamón Mullen y José Barbaccia. Prometen que de acuerdo al resultado del juicio embestirán de nuevo contra Garavano, a quien acusan de haberse acercado a Daniel "Tano" Angelici en esa empresa. Descreen que la orden de modificar la postura histórica del Estado haya sido del propio Mauricio Macri.

Por lo bajo, Garavano tampoco oculta el recelo hacia Bonadio incluyendo críticas a sus decisiones como el encarcelamiento preventivo de Carlos Zannini en la causa por el Pacto con Irán. En el Gobierno temen pagar la factura de que las prisiones comiencen a caer por arbitrariedades, tal como sucedió con la causa GNL, donde Bonadio valoró una pericia plagada de irregularidades como único motivo para la detención de Julio De Vido y Roberto Baratta.

Ese conflicto está en ciernes. Más aún cuando los jueces reclaman para sí crear un cuerpo Anti Corrupción de amplio espectro.