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Complica a gobernadores freno de fondos para apagar rojo previsional
Ante dureza de Nación al exigir armonizar parámetros jubilatorios; potencia déficits y tensa a gremios
Antonio Bonfatti
El caso más emblemático es el de Córdoba, donde el peronista crítico José Manuel de la Sota llevó días atrás a la Corte Suprema de Justicia nacional la exigencia de pago de $ 1.040 millones que -afirma- la ANSES le debe a la caja jubilatoria mediterránea por el período 2011 (este año directamente no se firmó el convenio de rigor).
Pero el cierre de los grifos nacionales en este rubro, con las consecuentes dificultades que ello genera en un contexto de apremios de cuentas que se generalizan, se replica en otros distritos, como en Santa Cruz, Entre Ríos, Santa Fe y Chaco.
Además de estos cinco casos, también mantienen las cajas de jubilaciones en manos provinciales Buenos Aires, La Pampa, Corrientes, Formosa, Misiones, Chubut, Neuquén y Tierra del Fuego (las últimas tres, sin embargo, no acordaron remesas de fondos federales).
Con las otras Nación acordó en la década del noventa remitir recursos para domar su déficit, aunque a cambio de una nivelación de los parámetros jubilatorios locales con los nacionales, en una exigencia que pesa este año más fuerte que nunca.
Bajo ese paraguas, en el ámbito cordobés tanto el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, como el director ejecutivo de la ANSES, Diego Bossio, recalcaron este mes que la provincia no respetó ese compromiso de igualar los indicadores pre-visionales mediterráneos con los nacionales (por caso, sigue pagando el 82% móvil) y, por lo tanto, cesaron las transferencias en esa materia.
Pero la dureza de Balcarce 50 frente al planteo de Córdoba fue además un mensaje cifrado hacia otros mandatarios -la mayoría incluso de muy buena sintonía con el kirchnerismo- en cuanto a que el freno a los envíos de recursos para distritos que incumplan con la armonización será calcado en todo el país.
En esa línea, el Gobierno nacional advirtió a mediados de agosto -en un spot difundido en el programa «Fútbol para Todos»- que las provincias son autónomas para decidir su sistema jubilatorio «siempre que puedan solventarlo con sus propios recursos».
«Ahora, si la provincia necesita el financiamiento de la Nación debe armonizar su sistema de jubilaciones; por eso Nación no asiste financieramente a las provincias que no lo hicieron, no sólo a Córdoba, pero tengámoslo como ejemplo», resaltaron.
Ese terreno pone en una situación incómoda a los mandatarios, conscientes de que cualquier retoque en el sistema jubilatorio local les generará un duro enfrentamiento con los gremios en las puertas del electoral 2013.
En ese marco, en Santa Cruz y en medio de la crisis terminal que lo enfrenta a la Casa Rosada, el mandatario justicialista Daniel Peralta admitió que «desde enero dejamos de recibir fondos para el déficit previsional, cero peso» por «no armonizar la Caja de Previsión Social», frente a una Caja de Jubilaciones que ostenta un rojo de $ 960 millones y que explica buena par-te del déficit provincial (de $ 1.500 millones).
Peralta intentó sin éxito sancionar a fines del año pasado una reforma previsional para armonizar parámetros jubilatorios locales con los nacionales. Pero la estrategia cayó en medio de una violenta protesta de gremios, en la cual terminó por oficializarse la ruptura política con La Cámpora, que comanda Máximo Kirchner.
En las últimas horas, el mandatario volvió a desafiar a la Presidente. «¿Qué diría el Gobierno nacional si Santa Cruz pide que no se le retenga más el 15% de la coparticipación que va orientada a la ANSES; son 30 millones de pesos más por mes, de acuerdo a la coparticipación nacional», arengó, en referencia a una alquimia que ya aplicó De la Sota en Córdoba al desadherir legislativamente del Pacto Fiscal de 1992 que posibilitó el inicio de esos tijeretazos nacionales para financiar el sistema previsional nacional.
En Entre Ríos, en tanto, el mandatario kirchnerista Sergio Urribarri reconoció a fines de agosto que si la provincia «cumpliera con la armonización que se debe hacer», se haría acreedora de «1.150 millones de pesos».
«Es un montonazo, pero también tenemos que hacer nuestros deberes: no podemos pedir que el Estado argentino subsidie jubilaciones que tienen poco que ver con la media nacional», resaltó, en referencia a que en tierra entrerriana se abonan jubilaciones «de entre 5.500 y 5.600 pesos».
En Santa Fe, por su parte, el Gobierno del socialista Antonio Bonfatti batalla -hasta el momento, de manera administrativa- el reclamo del pago de una deuda de $ 1.800 millones para la Caja de Jubilaciones local, con remesas incluso interrumpidas desde 2006. Desde el Ejecutivo aseguran que el distrito mantiene el sistema jubilatorio armonizado con el régimen nacional en materia de años de aportes y edad de retiro, pero sostiene el pago del 82% móvil.
En paralelo, en Chaco -donde también rige el 82% móvil- ayer el ministro de Hacienda local, Federico Muñoz Femenía, y el presidente del Insssep, Antonio Morante, expusieron ante la Comisión de Hacienda de Diputados sobre el escenario previsional provincial, que delinearía a fin de año un déficit de cerca de $ 470 millones.
«Debemos trabajar con consensos entre todos los actores del sistema previsional de la provincia del Chaco, activos y pasivos, en analizar la manera en la cual en el largo plazo vamos a sostener la caja provisional», había señalado en los últimos días el funcionario del mandatario justicialista Jorge Capitanich.
«Este es un debate que debe empezar ahora, para que no haga una eclosión muy fuerte en el futuro; hay que tomar definiciones hoy, de manera que este sistema sea sostenible», enfatizó, además de remarcar que, caso contrario, «el sistema previsional chaqueño en un futuro no muy lejano causará problemas que serán de muy difícil solución».


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