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Con dictamen exprés contra uso de las reservas, Congreso abre trámite
El nuevo titular de la Comisión Bicameral de DNU, el radical Rubén Lanceta, prepara la firma del dictamen opositor junto a la peronista disidente Liliana Negre de Alonso, el cordobés Luis Juez y el puntano Adolfo Rodríguez Saá.
Un «déjà vu» del decreto del Fondo del Bicentenario, que al igual que su reemplazante, el DNU 298/10, está congelado por la Justicia y ahora será rechazado en el Congreso. Para eso, la oposición emitió ayer dictamen en la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, o Bicameral de DNU, sin la presencia de los legisladores kirchneristas. El oficialismo presentó una medida cautelar para impugnar la integración de esa comisión dominada por la oposición alegando que no respeta el principio de proporcionalidad, y ahora la principal esperanza de la Casa Rosada es que la Justicia invalide la nueva composición de ese cuerpo -ver nota aparte-. «Este dictamen es absolutamente nulo, ya que es producto de una constitución irregular de la comisión», se quejó anoche el jefe de los senadores oficialistas, Miguel Pichetto.
Tras el revés que sufrieron los bloques anti-K al fracasar en su intento de rechazar el pliego de Mercedes Marcó del Pont, ahora la oposición volverá a la carga y mañana mismo radicales, macristas, peronistas disidentes, socialistas y hasta los bloques de centroizquierda intentarán sesionar en Diputados para sepultar el DNU 298/10 que autoriza al Poder Ejecutivo a disponer de reservas del BCRA. «Esta misma semana vamos a llevarlo al recinto; al tratarse de un dictamen de la Comisión Bicameral Permanente no hace falta esperar siete días desde la emisión del dictamen», explicó a este diario el diputado de la UCR, Rubén Lanceta, flamante presidente de la Bicameral de DNU.
«No podemos permitir ninguna maniobra distractiva y lamentamos que el oficialismo no haya estado presente», alertó el peronista cobista de Mendoza, Enrique Thomas, antes de que se firmara el dictamen sin la presencia de ningún representante del kirchnerismo. A la espera de un fallo judicial que impugne la integración de la Comisión Bicameral, la Casa Rosada ordenó a todos sus legisladores ausentarse del debate para no legitimar el funcionamiento, no el dictamen, de la comisión.
«Esta comisión tiene legalidad, también tiene legitimidad. No somos gendarmes de las reservas y seguramente estaremos acompañando un proyecto para utilizar las reservas del Banco Central -ver nota aparte-. El Poder Ejecutivo podría haber seguido los trámites ordinarios. No tenemos otra posibilidad que dictaminar rechazando el DNU», bramó el cordobés Luis Juez en una sesión que se transmitió por TV en vivo.
La Comisión, integrada por nueve legisladores opositores y siete kirchneristas -ausentes ayer el debate- emitió dos dictámenes. Uno derogando el DNU 296/10 anunciado por Cristina de Kirchner el 1 de marzo en la Asamblea Legislativa y que dejaba sin efecto el decreto del Fondo del Bicentenario. «Se declara la validez y nulidad absoluta e insanable del DNU 296/10 por derivar del 2.010/09», explicó el senador radical Luis Petcoff Naidenoff. El segundo de los despachos de la comisión declara la invalidez del DNU 298/10 que crea el Fondo de Desendeudamiento y habilita al Poder Ejecutivo a disponer de u$s 4.382 millones de reservas del BCRA por «la violación a sabiendas de las normas constitucionales aplicables». Recién después de la firma de los dictámenes, la Casa Rosada comunicó anoche al Congreso los decretos cuestionados.
Lanceta agradeció en nombre de la UCR haber sido nombrado al frente de la Comisión Bicameral de DNU, aunque admitió tener «un sabor agridulce porque debería haber estado el oficialismo para la constitución de la comisión». Además, improvisó un duro discurso en contra del uso de decretos de necesidad y urgencia: «Esta comisión no debería tener trabajo si se respetaran las leyes y la Constitución nacional. Sólo en una catástrofe nacional el Poder Ejecutivo se debería arrogar facultades legislativas. Ojalá haya poca actividad, no porque no queramos trabajar, sino porque el Ejecutivo entiende que no se puede gobernar por decreto. Esto es un pilar en el sistema de derecho».


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