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Con Echegaray en la mira, será otra semana clave en caso Báez
Ricardo Echegaray, Sebastián Casanello y Claudio Bonadio
Desde la resolución donde Casanello dictó los procesamientos de Báez y su entorno por presunto lavado, Echegaray tiene prohibida su salida del país. Se lo acusa de haber tomado conocimiento de lo que sucedía con la usina de facturas "truchas" de Grupo Penta -en Bahía Blanca- que abastecía, entre otras, a Austral Construcciones, y haber desguazado los controles para encubrir ese ilícito. "Nos encontramos ante una compleja defraudación tributaria, llevada a cabo por Austral Construcciones S.A., y de la cual se habrían capitalizado millones de pesos provenientes de las arcas públicas del Estado. Tal como ya se ha dicho, toda esa grotesca operatoria llamó la atención de algunos de los inspectores de la AFIP-DGI Bahía Blanca, pero estas alertas no fueron bien recibidas en los cargos jerárquicos del organismo, cuya reacción fue la disolución de la Regional Bahía Blanca", apuntó el juez en los procesamientos, en el apartado que impacta a Echegaray.
El exrecaudador contraatacó desde la designación de su abogado. Será el prestigioso excamarista León Arslanian, cuyo exsocio, Carlos Beraldi representa a la expresidente Cristina de Kirchner. "En realidad la causa contra Báez se origina en una denuncia que hizo la AFIP en mayo de 2011 que apuntó contra Juan Suris y el propio Lázaro Báez", aclaró una fuente cercana a Echegaray. "Es muy extraño que lo citen justamente en el marco de un proceso judicial en el que participó como denunciante principal y en el que debió haber actuado la UIF, por tratarse de una presunta maniobra de lavado de dinero", agregó.
El miércoles próximo, Ángel Rubén Toninelli, extitular de la Dirección General Impositiva, deberá declarar ante Casanello en la misma causa. Se lo acusa de lo mismo que a Echegaray, con el agravante de que él figura como uno de los pasajeros de los vuelos privados, en compañía de los Báez. Para Casanello, la AFIP "tenía conocimiento, por lo menos desde hacía dos años, de la estafa millonaria que Lázaro Báez le había provocado al Estado".
Cualquier movimiento en la causa que complique al actual auditor general tendrá impacto político: el Gobierno busca arrinconarlo para forzar su renuncia al cargo si media un procesamiento en su contra.
Echegaray también tiene una causa por presunto enriquecimiento ilícito en la que Báez fue testigo, pero se desdijo. Allí había manifestado que él sí podía justificar su patrimonio, al contrario del exjefe de la AFIP. Ante el juez, dijo que había sido un "exabrupto".
En el mismo expediente por lavado por el que deberá comparecer Echegaray mañana, tanto Lázaro como Martín Báez deberán volver a Comodoro Py 2002. El objetivo será ampliar sus indagatorias el jueves, tras el espectacular operativo -con excavaciones incluidas- que se llevó adelante en Santa Cruz. Allí se tasaron valores hallados en las propiedades y se requisaron locaciones que no figuraban en los registros iniciales del expediente pero estaban a su nombre de acuerdo a los informes catastrales de la provincia.
Pero por segunda vez en la semana, el exrecaudador está citado el viernes ante Bonadio, en una causa menor, iniciada por Prat Gay que lo denunció tras ser mencionado en los coletazos de la revelación internacional sobre una supuesta plataforma destinada a la evasión propiciada por el HSBC. Allí está acusado de "falso testimonio", junto a otros exintegrantes de la AFIP.


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