La reforma a la Ley Tarifaria que el Gobierno porteño envió a la Legislatura junto con el Presupuesto 2009 amenaza ya con transformarse en un impuestazo que podría recaudar para la Ciudad montos muy superiores a los $ 1.000 millones que fueron anunciados. Pero la cuestión no afecta sólo por la suba en la presión tributaria que implicará, sino también por el universo de actividades que hasta ahora no estaban gravadas y que complicará la radicación de empresas y los acuerdos entre particulares.
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Uno de los principales problemas que plantea esta reforma impositiva que impulsa el gobierno de Mauricio Macri es la imposibilidad de calcular el impacto final de algunas subas como el caso de la aplicación del impuesto a los Sellos (uno de los más regresivos que existen en los sistemas tributarios provinciales). En el caso de los contratos de seguros ahora se aplicará una tasa de 0,8% que en realidad implica una recaudación superior a $ 60 millones. Una suba similar había dispuesto Cristina de Kirchner cuando envió al Congreso el proyecto de ley de Seguridad Vial aunque a través de un impuesto específico. Con esa recaudación el gobierno financia el nuevo esquema de control en rutas y autopistas. Finalmente la propia Presidente reconoció en el Congreso que técnicamente no podía incluirse la creación de un impuesto dentro de la ley por haber ingresado por el Senado y debió aceptar que la modificara Diputados. Los problemas con Ingresos Brutos también son extensos. En la nueva Ley Tarifaria Macri propone duplicar también la alícuota sobre la construcción de viviendas y gravar la industria manufacturera que hasta ahora tenía tasa cero. Más allá de la suba en la presión tributaria es todo un incentivo a que las empresas se muden al otro lado de la avenida General Paz, habida cuenta que la extensión de Ingresos Brutos en la provincia de Buenos Aires finalmente fue limitada y la Legislatura no se la aprobó a Daniel Scioli.
Los porteños sufrirían también desde ahora una carga por el impuesto a los Sellos que rige en muchas provincias sobre la liquidación de los gastos por tarjetas de crédito. Por cada $ 1.000 facturados en gastos con tarjeta deberán pagarahora $ 6 por la emisión del resumen, algo que sí sucede en la provincia de Buenos Aires cuando la tarjeta emisora tiene domicilio en la Capital Federal.
Pero sin dudas el caso más preocupante es el de la extensión al impuesto a los Sellos sobre la compraventa de autos usados y en mayor medida sobre los contratos entre particulares. Es imposible calcular el impacto final de una tasa de 0,8% de Sellos sobre todos los acuerdos que firmen particulares y que incluyen desde contratos de locación, contratos con entidades financieras que hasta ahora no estaban gravados y acuerdos comerciales entre empresas. Por ese rubro el Gobierno porteño quiere recaudar $ 187 millones, lo que parece un monto exiguo tomando en cuenta el universo que se va a gravar.
Los propietarios de vehículos radicados en la Ciudad tendrán nuevamente este año razones para protestar por falta de igualdad ante la ley, el principio básico que rige las relaciones impositivas entre el Estado y los ciudadanos. En las modificaciones que se van conociendo al cuadro tarifario porteño, el Gobierno propone eliminar el tope de 8% para gravar las patentes de los autos en la Capital para los radicados en los años 2007, 2008 y los que se patenten en 2009, que pagarán sin límites de acuerdo a la Tabla de Valuaciones que se establece para el próximo año.
Así, los autos de alta gama con patentes hasta 2006 gozarán del límite mientras que cualquier modelo, aunque se trate de los más baratos, de los últimos dos años y 2009 tendrán que tributar la carga completa.
Otra de las subas cuestionadas es la que se aplicará en el Alumbrado, Barrido y Limpieza que deben pagar los restoranes. En el primer artículo de la reforma tarifaria se duplica el ABL atendiendo a la categoría de grandes generadores de residuos que tienen los restoranes de la Ciudad. Es cierto que el destino de la basura es uno de los grandes problemas de la administración de Macri, pero nuevamente no se hace referencia al tamaño de la explotación ni se modifica la categorización que ya los ubica por encima del valor general de los inmuebles en la Ciudad.
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