Con Scioli en Brasil, la protesta policial se contagió a provincia

Alejandro Granados

Irrumpió diezmado y, por ahora, casi testimonial. Pero el efecto Córdoba, cuya raíz es la concesión salarial que José Manuel de la Sota le hizo a su Policía acuartelada aterrizó, luego de rebotar por Catamarca, La Rioja, Chaco y Río Negro, entre otras provincias, en la combustible provincia de Buenos Aires.

Ayer, en La Plata, personal de Infantería de la Bonaerense explicitó una protesta en reclamo de mejoras salariales. Se ejecutó, estratégicamente, un domingo para afectar los operativos de seguridad en los partidos de fútbol. Ayer Tigre y Estudiantes de La Plata jugaron en la capital provincial con menos vigilancia de Infantería que lo habitual.

A Daniel Scioli, el microestallido, lo encontró en Brasil. El gobernador viajó por 48 horas invitado por la fundación Clinton. Anoche, el sciolismo avisaba que podría volver anti-cipadamente si se agrava la situación policial o si, a raíz de el pseudoacuartelamiento, ocurre lo más temido: saqueos y vandalismo en el conurbano. Un eventual paro policial tendría consecuencias impredecibles.

El sábado, Alejandro Granados le trasmitió a Scioli un informe tranquilizador. La se-mana pasada, el ministro junto al jefe de la Bonaerense, Hugo Matzkin, acordó mejoras salariales con un grupo que, a pesar de que no está permitida la sindicalización policial, se sentó a la mesa en carácter de representante gremial de la fuerza.

José Carranza y Salvador Baratta, exsubjefe de la Bonaerense, son los caciques del Sindicato de Policías y Penitenciarios (Sinpope) y oficiaron de negociadores a los que Granados les prometió duplicar el sueldo de bolsillo de los uniformados y, entre otras medidas, analizar un cambio del régimen laboral: pasar del 24 por 48 actual a un sistema de 12 por 36 horas (ver nota aparte).

Anteayer, Granados oficializó los aumentos que ya otorgó y anticipó otras ítems. Así y todo, el sábado se registró un conflicto -aunque fue desactivado-en Luján.

La cuestión es más compleja. Granados dialogó con el sector que, dice, tiene más representatividad en la Bonaerense con la convicción de que con sus concesiones aplaca el frente policial. Ahora el trabajo lo tiene Silvina Batakis, la ministra de Economía, que debe hallar la ecuación mágica para financiar la expansión salarial de más de 50 mil efectivos. Otro efecto colateral: la suba policial sembrará réplicas en otros gremios estatales.

De hecho, el acuerdo detonó -o al menos potencióel autoacuartelamiento de efectivos de Infantería donde tiene adherentes el Sindicato Policial Bonaerense (SIPOBA), sector que encabeza Nicolás Masi, que en 2011 promovió un motín tras un enfrentamiento entre policías y militantes de La Cámpora en la jura de Scioli y su vice Gabriel Mariotto. Cuando los efectivos fueron puestos a disponibilidad, el SIPOBA motorizó un reclamo en defensa de los policías.

El grupo de Masi tiene nexo político con la CTA de Pablo Miceli mientras el Sinpope forma parte de la galaxia sindical de Hugo Moyano. Baratta, a la vez, es concejal del massismo en Lanús.