Concesionarias van a juicio contra Gobierno porteño

La asociación que agrupa a las concesionarias de autos (ACARA) le iniciará juicio al Gobierno porteño por considerar que la tasa de Ingresos Brutos que debe pagar es «confiscatoria», porque al ser aplicada sobre el valor total de venta de una unidad representa el 36% del margen de ganancia. Así lo anunciaron ayer los representantes de la entidad, quienes se quejaron por el cobro tripartito de impuestos al sector por parte de la Nación, las provincias y los municipios.

«La presentación judicial que vamos a realizar en agosto contra la Ciudad no es para discutir la tasa, sino porque queremos pagar los impuestos sobre el margen comisional y no sobre el valor total de las ventas, porque así es confiscatorio», dijo Horacio De Lorenzi, director general de ACARA. Por cada 100 pesos de venta, las 94 concesionarias que operan en la Capital Federal tienen un margen de $ 13, a lo que deben descontarle $ 4 de Ingresos Brutos y $ 4 de percepción del Impuesto al Valor Agregado.

Suba

El 10 de junio pasado, la Legislatura porteña aprobó un paquete de leyes en el que se incluyó el aumento de la alícuota de Ingresos Brutos al sector financiero y a unos 2.100 contribuyentes que facturan más de $ 30 millones anuales. La alícuota subió un punto porcentual, al pasar del 3% al 4%, por lo que la suba nominal para los sectores afectados fue en realidad del 33%, por lo que el gravamen se queda el 36% de la rentabilidad.

El sector mantiene litigios similares al que iniciará contra la Capital Federal contra las provincias de Buenos Aires (desde 2008), Córdoba y Santa Fe (2009), que también cobran Ingresos Brutos sobre el costo total de un auto, y no sobre la rentabilidad del sector. En ese sentido, De Lorenzi dijo: «Hemos decidido ir a juicio con todas las provincias porque cobran mal los impuestos. Queremos dialogar, pero las administraciones se niegan, por eso la salida es la Justicia».

El problema se agrava porque las concesionarias no pueden trasladar la presión impositiva a los precios, ya que los valores de los coches son «sugeridos» por cada una de las terminales que fabrican las unidades para que haya equilibrio en las ventas. Además, el sector -que comercializa bienes durables registrables- paga el IB al momento de comprarles los coches a las terminales, y no cuando se los vende a los consumidores, por lo que soporta la presión tributaria aun cuando no completó su actividad comercial.