Confirmado: oposición controlará la comisión de reformas penales

Este diario, en la edición del 28 de marzo pasado, adelantó la noticia de que la oposición tendrá la mayoría en la comisión que reformará el Código Penal. Ayer se hizo la primera reunión de sus integrantes con la Presidente.

El Gobierno presentó ayer la comisión reformadora del Código Penal que, como adelantó este diario en la edición del 28 de marzo pasado, tendrá el control político de la oposición. La administración retomó una iniciativa que está demorada desde 2006, cuando el ministro de Justicia de entonces, Alberto Iribarne -hoy en el peronismo disidente- presentó el resultado de una comisión que había creado su predecesor Horacio Rosatti bajo la conducción del entonces secretario de Política Criminal, Alejandro Slokar, hoy camarista de Casación Penal. Desde entonces, el Gobierno Kirchner intentó una reforma de fondo de los códigos Penal y Procesal Penal con el propósito de contrarrestar la ola de reformas «Blumberg» aprobadas por el Congreso bajo la influencia de la opinión pública conmovida por la muerte del joven Axel en marzo de 2004 y que intentaron un endurecimiento de los castigos a los delincuentes.

En 2006 el proyecto que elaboró Slokar para el Código Penal quedó frenado por la polémica que se desató por las nueva figuras para sancionar y despenalizar determinados casos de aborto. El Gobierno decidió entonces no elevar al Congreso el dictamen de la comisión. Sí elevó Iribarne el proyecto de reformas al Código Procesal Penal, que fue aprobado en parte por el Congreso, pero la mayoría de su articulado perdió estado parlamentario.

Con el envión de ayer justifica el Gobierno la intención de darle cohesión doctrinaria a un código que tuvo decenas de reformas desde su sanción original hace casi un siglo. Cree que cediéndole a la oposición el control político de la comisión pondrá el debate por encima de la grosera dialéctica entre «manos duras» y «garantistas». Las reformas Blumberg, dictadas por la conmoción de ese caso aberrante, han sido caracterizadas como favorables a quienes piden mano dura en la lucha contra el delito. Ese caso produjo un cambio en la política de Néstor Kirchner, quien parecía comprometido desde 2003 con el garantismo que defendía su primer ministro de Justicia, Gustavo Béliz. La ola blumberista quebró ese rumbo y la designación de Rosatti y después de Iribarne -que había sido viceministro de Carlos Corach en la era Menem- en su reemplazo fue una cesión a regañadientes al antigarantismo que los proyectos de 2006 intentaron retrotraer sin suerte.

Objetivo

El Gobierno tiene al proyecto Slokar de 2006 como mapa de las reformas por hacer, pero no lo pondrá como base de la comisión que coordinará Raúl Zaffaroni -titular de la cátedra en la que enseña Slokar en la Facultad de Derecho de la UBA y con quien ha escrito libros- porque quiere respetar el método de cederle a la oposición el control de la comisión, la única forma que cree permitirá que este nuevo intento de reforma rinda algún fruto.

Zaffaroni convenció al Gobierno de usar este método inspirado en lo que hizo Hipólito Yrigoyen en 1917 de cederle la elaboración de un nuevo Código Penal al diputado conservador Rodolfo Moreno, un opositor, para sacar de la parálisis el debate que existía entre los radicales en materia penal. El fruto de ese trabajo fue la reforma de 1921 que le dio a la ley el nombre de «Código Moreno».

La decisión de no usar como base el proyecto Slokar de 2006 se la informó ayer el ministro Julio Alak a los integrantes de la comisión que coordinará Zaffaroni y que integran el exministro de Justicia (presidencia Menem) y Seguridad bonaerense León Carlos Arslanian (gobernaciones Duhalde y Solá), el diputado Federico Pinedo (PRO), el diputado Ricardo Gil Lavedra (UCR) y la exdiputada María Elena Barbagelata del socialismo de Hermes Binner.

Apelar a esta colaboración de la oposición es el dato más importante de este nuevo intento reformador que está animado por la ilusión abogadil de que cambiando la ley se cambia la realidad y que con mejores leyes habrá más seguridad y más garantías. Esta comisión avanzará, sin embargo, más en lo doctrinario que en lo procesal, que es donde según muchos expertos está la madre de los problemas. En la Argentina las causas complejas como corrupción o lavado de dinero no avanzan y prescriben por la falta de recursos técnicos y jurídicos de los tribunales, algo que es materia del Código Procesal Penal que por ahora no se abordará. Llamar a la oposición, de todos modos, es una revolución mental para un Gobierno que ha buscado legitimidad ante la opinión pública negándoles legitimidad a formaciones ajenas, fueran los partidos políticos, los gremios, los gobernadores, la prensa, las instituciones formadoras de política y hasta los mismos integrantes de su Gobierno, con quienes no hace reuniones de gabinete.

Nuevos códigos

Como también adelantó este diario, a esta reforma -precedida por la que ya está en marcha para los códigos Civil y de Comercio- seguirá con otra a la que el Gobierno le da más importancia que las mencionadas. Es la redacción de nuevos códigos: Código Administrativo y Contencioso Administrativo. La intención es contrarrestar una jurisprudencia de décadas que ha convertido al Estado en víctima de la «patria pleitera», que ha hecho una industria del juicio contra el Estado, convertido en el blanco de causas en las que actúa como un particular más con la diferencia, en beneficio de los litigantes, de que el Estado es el que siempre termina pagando.

Según el Gobierno, es necesario frenar excesos de una jurisprudencia sobre servicios públicos -materia del derecho administrativo- que aplica en los conflictos el derecho laboral por presión de la corporación gremial. En esa reforma el Gobierno intentará reflotar la demorada iniciativa de declarar a ciertos servicios públicos como «esenciales» para evitar las huelgas salvajes que afectan los derechos de los usuarios.