El TSJ aceptó los recursos interpuestos por el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) contra la elección de ocho diputados opositores, de quienes no trascendió la identidad. De prosperar la acción legal, la MUD perdería la mayoría cualificada de los dos tercios del parlamento que logró al obtener 112 de los 167 diputados que integran la unicameral Asamblea Nacional, en los comicios del 6 de diciembre.
Con esa mayoría, los legisladores antichavistas que asumirán sus escaños a principio de mes podrán convocar a una asamblea constituyente, remover magistrados de la máxima instancia judicial del país y designar a los miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE), entre otros.
La Sala Electoral del TSJ no informó sobre la decisión de las impugnaciones y mantiene el caso como "asunto nuevo ingresado", de acuerdo con lo publicado en el portal electrónico del máximo tribunal de Venezuela.
"La cúpula derrotada introduce ante el TSJ 6 nuevos recursos contra la voluntad del pueblo expresada el 6 diciembre", dijo ayer el secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba, a través de su cuenta en Twitter.
Según su versión, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia recibió los recursos contenciosos electorales, juntamente con solicitudes de seis medidas cautelares para suspender los efectos de las elecciones en circuitos de los estados Yaracuy, Amazonas y Aragua.
Torrealba había dicho la semana pasada que militantes del PSUV se preparaban para impugnar la elección, pero el TSJ negó que hubiese recibido amparos en contra de la votación que le otorgó la mayoría calificada a la oposición, por primera vez en 16 años de hegemonía chavista.
Por lo general, la oposición es la que ha cuestionado la transparencia de las elecciones. En la última casi veintena de comicios ganados por los chavistas, denunciaron compra de votos, ventajismo e intimidación, sin que estas acusaciones hayan prosperado.
En tanto, el presidente Nicolás Maduro aprobó ayer por decreto la Ley de Inamovilidad Laboral para el período 2016 a 2018, con miras a proteger los derechos de los trabajadores, según argumentó. Lo hizo a través de la llamada Ley Habilitante que le otorga poderes especiales para legislar por decreto, sin control del Parlamento. "Es una política profundamente revolucionaria que el presidente ha mantenido ante las amenazas de la burguesía", dijo el Gobierno.
Asimismo, aprobó el decreto "para la preservación del Cuartel de la Montaña y su memoria histórica", que es el lugar donde se encuentran los restos simbólicos del fallecido presidente Hugo Chávez, en Caracas.
| Agencias Reuters y ANSA |
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