Congreso liquida leyes en previa de “hot summer” parlamentario

• ESTIMAN DOS SESIONES MÁS EN CADA CÁMARA ANTES DE DICIEMBRE.• LUEGO, HABRÁ EXTRAORDINARIAS.Diputados tiene por delante la sanción de responsabilidad penal empresaria y la prórroga de suspensión por cuatro años de desalojos de tierras indígenas. Senado apura pliegos judiciales y el régimen de fomento a la generación distribuida de energía renovable integrada a la red eléctrica pública.

Agenda. El jefe del PRO en Diputados, Nicolás Massot, ante el desafío oficialista de liquidar leyes antes del recambio parlamentario. Rodolfo Urtubey (PJ) aceleró audiencias y dictámenes de pliegos judiciales en el Senado.

El Congreso tiene casi sellada la liquidación de leyes de cara al fin del período ordinario de fines de noviembre próximo: cada cámara tiene estimado realizar dos sesiones para sancionar el régimen de responsabilidad penal empresaria; la prórroga de la suspensión, por cuatro años más, de los desalojos de tierras indígenas; la ocupación de casilleros en la Justicia; y el régimen de fomento a la generación distribuida de energía renovable integrada a la red eléctrica pública, entre otros asuntos.

De esta manera, diputados y senadores cerrarán el período ordinario y quedarán liberados para el "hot summer" parlamentario que se activará desde diciembre, con sesiones extraordinarias y nueva conformación legislativa. Parte del temario será blanqueado hoy por Mauricio Macri. "Nadie se va de vacaciones hasta el 2 de enero de 2018, ya que podríamos estar en el recinto entre Navidad y Año Nuevo", fue la orden que partió de un jerarca de Cambiemos hacia la tropa oficialista.

Para el caso de Diputados, el temario hasta el 30 de noviembre incluye:

Ley de responsabilidad penal empresaria. En Diputados, la iniciativa enviada por el Ejecutivo recibió un pack de arañazos de parte del serpenteante líder del Frente Renovador, Sergio Massa. Con el apoyo de magistrados y colegios de abogados, los senadores sanearon el proyecto y lo devolvieron en segunda revisión.

Con la actual conformación, el oficialismo deberá hacer esfuerzos para que el zigzagueante tigrense no vuelva a descontrolar el debate con sus exigencias sorpresivas en el recinto. Por caso, el FR incluyó todos los delitos del Código Penal, pero los senadores retomaron la propuesta inicial del Ejecutivo, que apunta a englobar sólo las infracciones relacionadas con corrupción.

También se desactivó la imprescriptibilidad de las infracciones comprendidas en el régimen, y se definió que la acción penal respecto de las personas jurídicas prescriba a los seis años de la comisión del delito o, si éste fuese continuo, del momento en que cesó de cometerse.

Por otra parte, se establecerá un pago de entre dos y cinco veces el beneficio indebido obtenido; suspensión total o parcial de actividades, que en ningún caso podrá exceder de 10 años; y un mismo período para participar en concursos o licitaciones estatales de obras o servicios públicos o en cualquier otra actividad vinculada con el Estado.

Otro artículo permitirá -al igual que acordó inicialmente Diputados- que la persona jurídica y el Ministerio Público Fiscal puedan celebrar "un acuerdo de colaboración eficaz, por medio del cual aquella se obliga a cooperar a través de la revelación de información o datos precisos, útiles y comprobables para el esclarecimiento de los hechos, la identificación de sus autores o partícipes o el recupero del producto o las ganancias del delito", que "podrá celebrarse hasta la citación a juicio". Los senadores también concluyeron que no existe motivo para que una pyme que cometió un delito no sea sancionada por su actuar ilícito.

Prórroga por cuatro años de la ley que suspende desalojos de tierras donde habitan comunidades originarias, que vence el 23 de noviembre. La iniciativa viene del Senado, donde se intentó acortar sin éxito ese plazo y en Diputados ya cuenta con dictamen, por lo que la sanción del proyecto será una cuestión formal pero no esta semana, ya que no habrá sesión en esa cámara.

Según un informe del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), hay 1.532 comunidades identificadas en el Programa Nacional de Relevamiento Territorial, pero sólo 459 tienen ese proceso completado. Es decir que, durante años, el kirchnerismo -y desde fines de 2015, el macrismo- no pudieron finalizar ese trabajo.

Desde el Congreso, oficialismo y oposición apuntaron a las provincias, quienes fueron acusadas por legisladores de demorar a la hora de aportar herramientas para finalizar con el relevamiento de tierras.

El Senado recibirá pasado mañana al jefe de Gabinete, Marcos Peña, y si para el día siguiente no se organiza una sesión, la misma quedaría recién para el 15-11. El temario pendiente de cara al cierre del período ordinario incluye:

Pliegos. La comisión de Acuerdos del Senado que comanda el peronista Rodolfo Urtubey (Salta) avanzó la semana pasada con un ramillete de designaciones. Como candidatos para juzgados nacionales de primera instancia del Trabajo de la Capital Federal fueron avalados Mónica Pinotti y Silvina Castro.

En tanto, para juzgados nacionales en lo Criminal y Correccional de Capital Federal aparecen con luz verde Alejandro Ferro, Marcos Fernández, Laura Bruniard, Ángeles Gómez Maiorano, Paula Petazzi y Darío Bonanno.

Por otro lado, la comisión firmó despachos para el fiscal general adjunto de la Procuración General de la Nación, Héctor Andrés Heim; del defensor público oficial ante el juzgado federal de primera instancia de General Pico (La Pampa), Gerardo Balog; y del defensor público oficial ante los juzgados en lo criminal y correccional y ante la cámara de apelaciones de Capital Federal, Gustavo Ariel Fernández.

Régimen de Fomento a la Generación Distribuida de Energía Renovable Integrada a la Red Eléctrica Pública. La iniciativa aprobada por Diputados cuenta con aval de los senadores. De hecho, mañana habrá un plenario de las comisiones de Energía, Minería y Combustibles; y de Presupuesto y Hacienda, donde se escuchará al subsecretario de Energías Renovable del Ministerio de Energía y Minería, Sebastián Kind.

Otras iniciativas que podrían llegar a tratarse: penalizaciones relacionadas con el tráfico de pornografía infantil, y la ley de honorarios profesionales de abogados, procuradores y auxiliares de la Justicia (en segunda revisión), entre otras.