El Senado dejó ayer para el final la votación de los proyectos más complicados en el debate. Hacia las 22.40 arrancó con la discusión de las leyes que modifican el Código Penal para un agravamiento de penas en el caso de financiamiento de actos terroristas o que aterroricen a la población, un control a la información privilegiada de mercado y la captación fraudulenta de fondos por parte de entidades autorizadas o no y la modificación a la Ley Penal Tributaria. El resto de los proyectos, como la declaración de interés público de la producción y distribución del papel para diarios y la ley de tierras quedaron para terminar en la sesión de hoy.
Financiamiento al terrorismo y fraude financiero
El proyecto sanciona las conductas de recolección de fondos para financiar actividades destinadas a generar terror en la población a través de un agravamiento general de penas, tanto para organizaciones locales como internacionales. Desde la oposición criticaron que el proyecto no define con precisión el acto terrorista, quizás por temor del Gobierno a que la Justicia termine aplicándola a casos de militancia social locales.
En Diputados se incluyó una modificación que prohíbe la aplicación de esa ley cuando se trate de protestas sociales o en ejercicio de la defensa de derechos humanos.
El Gobierno está presionado porque el GAFI exige una ley antes de la reunión de febrero en París, donde seguirá analizando la situación de la argentina frente a los controles contra el lavado de dinero.
Pero la votación tuvo costo político para el Gobierno. Ayer las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora emitieron un comunicado en contra: «Esta ley contradice los principios fundacionales que dieron lugar a nuestra organización», dijeron.
También Eugenio Zaffaroni enfrentó al Gobierno: «Hacen posible la aplicación de estos agravantes a la gama de figuras penales típicamente utilizadas para la criminalización de la protesta social: en la persecución de resistencias a desalojos, cortes de vías de circulación o simples actos de protesta en el espacio público», dijo.
Control de información privilegiada y fraude de mercado
Otro proyecto presentado en tándem con el anterior castiga el delito de abuso de información privilegiada en el mercado, captación de fondos clandestina por entidades no autorizadas o de aquellas habilitadas pero que lo hacen por medios fraudulentos. El Gobierno anunció que busca evitar casos como el «Madoff» en el país, pero el mercado duda.
El radicalismo presentó proyectos de alternativa, tanto en este tema como en el de financiamiento al terrorismo y lavado de dinero: «Estamos ante dos proyectos que surgen de la vinculación de nuestro país como miembro integrante del GAFI: hay una sobreactuación legislativa del PEN frente a las recomendaciones del organismo», dijo anoche el mendocino Ernesto Sanz.
Modificación a la Ley Penal Tributaria
Actualiza los montos por evasión simple y agravada: «El piso mínimo para que una maniobra sea considerada delito pasa de $ 100 mil a $ 400 mil, mientras que la evasión agravada pasa de $ 1 millón a $ 4 millones». Se actualizan montos de punibilidad por reintegros indebidos y para los agentes de retención que no depositen lo retenido. Se agrava la pena para evasión con uso de facturas falsas y se castiga con penas de uno a cuatro años a la adulteración de sistemas informáticos de la AFIP.
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