Conmueve a España suicidio por un desalojo hipotecario

José Miguel Domingo, de 54 años, es la última víctima de la crisis económica española. Víctima en sentido literal, ya que se suicidó ante la inminencia de la ejecución de su vivienda en Granada.

Madrid - Un español de 54 años se suicidó ayer en la ciudad sureña de Granada horas antes de ser desalojado de su vivienda por no poder pagar su hipoteca, en un acto de desesperación que conmovió al país y que expuso el drama que viven miles de familias acorraladas por la crisis.

Antes de quedarse en la calle y dejarle su vivienda al banco, el hombre se quitó la vida. Se trata del desenlace más dramático posible ante un desalojo, situación cada vez más recurrente en España (ver nota aparte).

El hombre, identificado como José Miguel Domingo, fue hallado ahorcado en el patio de la frutería de su hermano, ubicada en el barrio granadino de Chana, por la Policía local tras haber recibido un aviso. Su vivienda estaba situada en el mismo inmueble.

Una hora después del hallazgo del cadáver, una unidad policial se dirigió al mismo lugar a ejecutar una orden judicial de desalojo y al cruzar los datos, descubrieron que se trataba de la misma persona, explicaron fuentes judiciales.

En Granada se produce un promedio de cuatro desalojos por día, afirmó el diario local Ideal y la plataforma Stop Desahucios de Granada cuenta con 70 casos pendientes de desalojo de familias.

La última movilización en apoyo a un afectado por los «desahucios» se había producido el martes pasado por el caso de Macarena, una mujer desocupada con tres hijos.

La protesta forzó una reunión entre el banco y la afectada, aunque los anteriores intentos de llegar a un acuerdo para un pago fraccionado no prosperaron y la mujer tiene fecha de desalojo el próximo 30 de octubre.

Mala praxis

Los expertos aseguran que la actual situación es consecuencia de la «mala praxis» de las entidades bancarias, que extendieron créditos hipotecarios «sin valorar las posibilidades reales del deudor» y de la «comercialización irresponsable» de productos financieros.

También sostienen que los bancos gozan de un «procedimiento privilegiado» y «extremadamente agresivo» para cobrar sus deudas de forma rápida.

«Quizás el actual procedimiento de ejecuciones y de lanzamientos sea legal en España. Pero vulnera derechos constitucionales como el derecho a la vivienda o a la tutela judicial efectiva, y es ilegal según la legislación de derechos humanos que el Estado español ha ratificado», afirma la plataforma Afectados por la Hipoteca de España.

«Un total de 532 desahucios cada día es un genocidio», denuncian.

El caso provocó conmoción y tuvo amplia repercusión en los medios locales. Además, cientos de militantes antidesalojos se congregaron durante la tarde frente a una agencia bancaria en Madrid.

«Primera víctima de los desahucios, José Domingo se quitaba la vida a causa de su desahucio hoy 25 octubre», afirmaban los carteles colgados por los manifestantes sobre las ventanales de Caja Madrid.

«¡Asesinos!», gritaron tras haber observado un minuto de silencio en su memoria.

Un centenar de manifestantes se había unido en esta protesta a un grupo de pequeños propietarios amenazados de desalojo que desde el lunes acampan frente a Caja Madrid, una de las siete cajas de ahorros que se fusionaron para formar el banco Bankia, intervenido por el Estado español para evitar su escandalosa quiebra.

Este suicidio es «triste y patético, y no se puede considerar como un desgraciado accidente, como han dicho algunos medios, sino un homicidio por omisión», se indignó Cristina Escribano, una militante de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que participó en la manifestación de Madrid.

La PAH es una organización muy activa cuyos militantes ya lograron impedir más de 400 desalojos, reaccionó ante esta muerte, denunciando en un comunicado y en las redes sociales «el genocidio financiero y los desahucios».

Agencias Télam, DPA, AFP y ANSA, y Ámbito Financiero